DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DEL ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL. (Número de expediente 122/000032.)

23 noviembre 2004

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Pasamos al segundo punto del primer punto de la toma en consideración de proposiciones de ley. Vamos a analizar la del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de estatuto del periodista profesional.

Para defender su proposición de ley, tiene la palabra la señora Navarro por 15 minutos.

La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quería leer una cita de Chesterton del año 1917, que dice así: Hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos por ser portavoces de la opinión pública, pero muy recientemente algunos nos hemos convencido, y de un modo súbito que no gradual, de que no son en absoluto tales. Son, por su propia naturaleza, los juguetes de unos pocos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie se oponga a la censura de la prensa, no necesitamos una censura para la prensa, la prensa misma es la censura. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)
Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se diga.

Como vengo diciendo, hace casi un siglo de esta cita y hoy la amplío a todos los medios de comunicación. Este contundente análisis se encuentra más en vigor que nunca. Por ello, los periodistas nos piden su amparo; piden amparo a esta Cámara. Por ello, Izquierda Verde está aquí trasladando una reivindicación de los profesionales que sencillamente quieren ejercer su profesión con garantías, derechos y dignidad.

Del mismo modo, pretendemos proteger el derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución española, el derecho a la información, olvidado y maltratado. La información, como dice Ignacio Ramonet, durante mucho tiempo, fue un recurso de los ciudadanos frente a los abusos de poder. Prensa y periodistas, como cuarto poder, constituían un contrapoder, cumpliendo con su deber de denunciar atropellos, discriminaciones y abusos. A través de ese cuarto poder, los ciudadanos podían criticar, rebatir, oponerse en un marco democrático a las decisiones legales, que podían ser inicuas o injustas. Sin embargo, hoy día los medios de comunicación ya no se plantean como objetivo cívico ser ese cuarto poder para corregir los disfuncionamientos de la democracia. En todo caso, se trata de un poder que se une a los otros poderes; en definitiva, que se une a los poderes económico y político.

Acabo de describir dos contundentes análisis, el de Chesterton y el de Ignacio Ramonet, que nos conducen indefectiblemente a la necesidad de actuar como poder legislativo y proteger el derecho de los periodistas en el ejercicio de su profesión. Asimismo, proteger el derecho de los ciudadanos a la información, que pertenece a las personas, a los editores, a los propietarios y a los periodistas. Los ciudadanos han de poder participar en la toma de decisiones de manera formada para garantizar el propio sistema democrático. La soberanía de la sociedad civil requiere una opinión pública libre e informada. Hemos, por tanto, de establecer los mecanismos para que ello sea posible y así avanzar en la democracia.

Desde Izquierda Verde traslado la propuesta que precisamente se ha efectuado al respecto por los profesionales del sector, que llevan años reivindicando este estatuto, y que lograron el compromiso del actual presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. En concreto, el texto es fruto del debate de más de cinco años del foro de organizaciones periodistas, integradas por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Cataluña y las dos agrupaciones de periodistas de Comisiones Obreras y UGT, algunos de cuyos representantes se encuentran hoy aquí atentos a las reacciones de los grupos parlamentarios ante esta iniciativa y por supuesto de las votaciones. Son ellos los que nos han pedido la defensa hoy de este estatuto. Por lo tanto, no hay oportunismo político, sino que somos sencillamente portavoces de una demanda social.

Recordemos, igualmente, que estamos ante una toma en consideración que posibilita las enmiendas y el debate de aquellos contenidos en los que a algunos grupos parlamentarios les despierten dudas. Es fundamental el apoyo a este gran paso en el camino para lograr aprobar la regulación del ejercicio de la profesión de aquellos que hacen de mediador entre la información y el ciudadano; un estatuto que reglamenta el derecho del ciudadano a recibir información veraz y plural; un derecho actualmente desprotegido y cada vez más ante la concentración de los medios de comunicación, derivados de los intereses económicos y del mundo globalizado.

No se trata, lo que estamos regulando, de un privilegio corporativo, pues precisamente se regula la profesión fijando de forma clara las obligaciones y el compromiso deontológico de los profesionales. El estatuto garantiza el secreto profesional, establece un código ético y de incompatibilidades, crea la figura del consejo de información estatal y autonómicos. Se trata con estas medidas de garantizar la independencia en el interno. Igualmente, se legisla sobre la titularidad, la acreditación, la titulación de los periodistas y las distintas categorías. Se trata de regular para evitar el instrusismo, que tanto daño hace a esta profesión.

Se regulan categorías como el periodista a la pieza, que es el que trabaja por encargo; el periodista por libre o freelance, que ofrece el producto, y la de otros colaboradores literarios especializados con igualdad de derechos, atendiendo siempre a las particularidades de los mismos, y también los periodistas extranjeros. Se regula igualmente el derecho a informar, esto es, de ofrecer a la sociedad información veraz de relevancia pública. Se regula la responsabilidad del periodista y una carta de derechos que comprende, por supuesto, la libre expresión e información, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la libertad de creación y los derechos de autor, la firma, el libre y preferente acceso a las fuentes informativas y la participación en la orientación editorial. También se regula la figura del director, los consejos de información, estructurados en Pleno y en comisiones, comisiones de acreditación, deontológica y de estudios y, para finalizar, el ya citado código deontológico, que regula los deberes éticos que han de respetar los periodistas y que nosotros hemos de garantizar que puedan respetar desde esta responsabilidad que tenemos hoy aquí como mandatarios de la soberanía popular.

Tenemos claro que esta propuesta que planteamos debe ir acompañada de una regulación de las muy deterioradas relaciones laborales. La precarización del sector del que estamos hablando es insostenible. Una vez aprobado este estatuto, el siguiente paso para ofrecer a los profesionales unas garantías en sus relaciones laborales y condiciones de trabajo será la reglamentación de estas relaciones laborales. Nuestro grupo no comparte la idea de las empresas, que estos días están argumentando que la mejor regulación es aquella que no existe. Desde luego, no compartimos esta idea.

Señorías, tanto los ciudadanos, como receptores de la información, como los profesionales del mundo de la comunicación merecemos y exigimos la aprobación de este estatuto. Porque exigimos un Estado más democrático; porque la Constitución española, que recoge el derecho a la información como derecho fundamental en su artículo 20, no debe ser papel mojado y por amparar a un sector tan denostado como el de los periodistas les pido un apoyo a esta iniciativa.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Navarro.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No habiendo solicitudes de turno en contra, pasamos a fijación de posición.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.

El Bloque Nacionalista Galego va a dar su apoyo a esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tal como hemos hecho en la legislatura pasada al apoyar una proposición de ley presentada también por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y una proposición no de ley del Grupo Socialista que entonces instaba al Gobierno del Partido Popular a regular el estatuto del periodista profesional. Tanto entonces como ahora prestamos nuestro apoyo con la convicción de que el artículo 20 de la Constitución española debe ser desarrollado si queremos que, incluso desde el punto de vista formal, exista un derecho a la información que tenga en cuenta el pluralismo y un factor fundamental: la independencia de aquellos y aquellas que están encargados de ejecutar ese derecho a la información, en definitiva, a las personas trabajadoras de los medios de comunicación públicos y privados.

En este momento la independencia de los periodistas y las periodistas merece una cobertura de carácter legal e institucional. Lo merece porque en esta especial situación estamos asistiendo a un proceso de concentración de los medios, estimulada por motivos económicos principalmente y que en vez de ser modificado o rectificado desde los distintos poderes públicos es alentado, tal y como vimos en las leyes de acompañamiento de años pasados en los que se modificaron diversos preceptos de las leyes de televisión privada y de televisiones locales, donde el denominador común de dicha reformas puntuales era eliminar o atenuar las trabas impuestas a la concentración del accionariado del capital social de las empresas de televisión. Por tanto, cuando la propia de situación del mercado de la comunicación produce un fenómeno en el que ya no es necesaria la intervención política directa para lograr la censura, la desinformación en el control o la tergiversación, sino que funciona incluso como una especie de mecánica natural del sistema está claro que la cobertura para los principales agentes de la información, los trabajadores y trabajadoras, es fundamental y en concreto es fundamental garantizar su independencia. Para ello hay dos vías. En primer lugar, nos parece que es muy importante, acabar con las altas tasas de precariedad laboral que sufren los periodistas, que también hay en otros colectivos de trabajadores y trabajadores pero que, en todo caso, en esta profesionales se muestra muy particularmente. En concreto, habría que establecer una causalidad estricta muy clara a la hora de permitir contratos de carácter temporal en las empresas periodísticas, para que estos fueran exclusivamente residuales y justamente adecuados a aquello que fueran necesidades ineludibles por parte de las empresas y comprensible desde el punto de vista del regulador. Insistimos en que es fundamental abordar la precariedad laboral de esta profesión y dotar medidas para erradicarla. En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, se debería lograr una institucionalización de la independencia a través de garantizar el derecho de las y los periodistas a informar conforme a su libertad de conciencia, al criterio de objetividad, al mantenimiento del derecho al secreto profesional y el acceso a las fuentes informativas y actos públicos y también a la propiedad intelectual, además acompañado de la creación de algunos mecanismos internos que puedan parecer frágiles, pero que tendrían su importancia, como los comités de redacción, para hacer de intermediarios entre la empresa y su línea editorial y el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa a mantener el derecho a informar, la libertad de conciencia y el secreto profesional.

En definitiva se trata de articular medidas como la que en esta iniciativa contiene tendentes a garantizar o cuando menos reducir al máximo los peligros que tiene precisamente para esta libertad y este pluralismo informativo la imposición absoluta de la línea editorial económico-política de los medios de comunicación privados o de los medios públicos que están sometidos muchas veces a los gobiernos de turno.

Por tanto, se trataría de regular de tal forma que esos principios se cumplan y los derechos que de su aplicación derivan existiesen y no fueran puras caricaturas como hoy en día lo son. Por todo esto vamos a apoyar esta proposición de ley que merecería, caso de ser aceptada a trámite, algún debate sobre la cuestión del conocimiento de las lenguas del Estado español para la acreditación de periodistas, cuestión fundamental en cualquier medio plural tanto público como privado y algunas otras cuestiones dirigidas a aumentar las competencias de los consejos de información de las comunidades autónomas. Por tanto, una ley de este tipo nos parece no solamente muy loable sino de una necesidad extrema.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.

El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo considera que este debate sobre un estatuto de la profesión periodística tiene todos los aditivos de la actualidad y de la racionalidad que puedan tener. Mi grupo no se va a oponer ni va a votar en contra, sino que vamos a votar a favor de que se tome en consideración para que se pueda abrir un debate sobre este tema. Yo no sé si las palabras que ha empleado la portavoz del grupo proponente, la señora Navarro, están dictadas desde una exigencia de la profesión del periodista o de un interés político. Por eso cuando he leído detenidamente la propuesta me doy cuenta de que falta algo, y esto puede ser uno de los motivos del debate para su toma en consideración, que haya incluso una ponencia de estudio que oiga a los representantes de las distintas organizaciones colegiales o profesionales de los periodistas.

Porque hacer desde la Cámara el traje a los periodistas sin que ellos digan las medidas que tienen y si les queda estrecho o ancho es un tema muy delicado en una sociedad democrática, donde la libertad de expresión, la libertad de prensa es todo un valor constitucional, que está escrito con claridad, negro sobre blanco, en el texto de nuestra Constitución. Los desvíos que pudiera haber ahí están señalizados en el Código Penal y el Ministerio Fiscal, a petición privada o a petición pública, puede actuar en consecuencia. Es un tema muy delicado, señora Navarro, y esto será motivo de debate. Me encanta tener debates dialécticos sobre cuestiones que afecten a cualquier profesión, sobre todo a la profesión periodística, pero lo que no quiero, como político, es suplantar la voluntad del periodista y de las empresas periodísticas, porque es un binomio. No se puede resolver matemáticamente una fórmula binomial tocando solamente a uno de los dos factores del binomio, porque el periodista y su profesión tienen una relación contractual, de cualquier forma, con la empresa periodística. La empresa periodística, como sociedad anónima, financiera, limitada, etcétera, tiene unos derechos contractuales también reconocidos en la Constitución. Y es ese binomio el que hay que resolver, no una de las partes.

Yo sería muy prudente, sobre todo, cuando hagamos los debates correspondientes al tema de la comisión deontológica, porque aquí han traído ustedes algo que me deja tremendamente ilusionado en el debate, si usted quiere, que es el código deontológico. La clase política, desde el Parlamento, le dictamos a una profesión un código deontológico, cuando en España la clase política no tiene código deontológico; nosotros no estamos regidos por ningún código deontológico escrito en artículos que pueden inducir a la utopía o a la ingenuidad. Reflexionen mucho sobre esto. Fíjense que, con relación a la empresa, más allá del dictamen Olivencia y de lo que fue la Comisión Aldama, como unas prácticas de buen regir de los consejos de administración de las sociedades anónimas, se han quedado en eso, en consejos de una comisión, porque con el sistema constitucional español de libertades, derechos y obligaciones es muy difícil entrar en ese mundo. Pero, desde luego, si alguien está legitimado para hacerse un código deontológico son los propios profesionales del periodismo, sus organizaciones, asociaciones, colegios profesionales, etcétera, porque si fuera la clase política quien le dijera que no tiene que aceptar dinero o tergiversar opiniones, creo yo que nos sentiríamos muy violentados. Por tanto, vamos a tener también el rasgo democrático de escuchar a las organizaciones profesionales periodísticas y ver si se quieren meter, digamos, en este asunto con las indicaciones que les dicta la Cámara. Yo sería muy prudente en que la Cámara no entrara -hemos visto ya polémicas estos días pasados- en cuestiones de comités deontológicos y en señalar a unas personas cuál debe ser su conducta, porque es muy difícil que no tenga visos de intromisión, de un dirigismo que anularía toda la voluntad que yo creo que tiene al respecto, y lo ha expuesto así con toda naturalidad, la portavoz del grupo proponente.

Si tomamos en consideración esta proposición de ley, y el voto de mi grupo estará ahí, que sea para una simbiosis muy clara con la profesión periodística y que nos digan ellos también cuál es el alcance de las medidas que desean, porque la clase política no podemos atribuirnos conocer el ejercicio de la profesión periodística mejor que los propios periodistas.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Beloki tiene la palabra.

El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, vuelve, de la mano del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a esta Cámara la proposición de ley del estatuto del periodista profesional, cuya toma en consideración hoy debatimos. Vuelve, si no estoy equivocado, en idénticos términos a los que se presentó allá por el año 2001 a los grupos parlamentarios y a aquellos que se debatieron y se rechazaron en la anterior legislatura, creo recordar que por el año 2003. Es una iniciativa que viene y que vino, pues, en nombre y con el propósito de desarrollar y garantizar ese derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Vaya por delante el convencimiento sincero y profundo de mi grupo de que, en efecto, aquí, en el Estado español y ahora en el año 2004, el ejercicio de este derecho es manifiesta y necesariamente mejorable en múltiples aspectos y campos entre los que evidentemente algunos hacen referencia a la situación de los que ejercen el periodismo, bien sea de forma oral, escrita o bajo cualquier otro formato. Aunque no fuera más que por esta primera y elemental razón, mi grupo no se opondría en ningún caso y no se va a oponer a un debate y a la toma de medidas que la mayoría estime convenientes y necesarias en el marco de un proyecto de ley en el que se aborden cuestiones referidas al ejercicio del periodismo entre nosotros. La situación actual del ejercicio del periodismo entre nosotros adolece de muchos -yo diría que de excesivos- defectos y problemas. Si uno analiza la evolución que ha tenido los últimos 25 años -por hablar de una fecha más o menos emblemática- la situación laboral, sindical, deontológica y organizativa de la profesión periodística puede concluir, creo que sin equivocarse, que estamos ante una profesión que hoy se encuentra, como mínimo, invertebrada. Se ha hecho referencia ya a algunos de los aspectos que pueden justificar una afirmación como la que acabo de hacer, nosotros compartimos esos análisis y preocupaciones y no insistiré sobre ellos pero, a nuestro entender, al entender del Grupo Parlamentario Vasco, los diagnósticos tienen que reflejar hoy y aquí la complejidad y la gravedad de la problemática que afecta al ejercicio del periodismo entre nosotros. A ese respecto, en demasiados diagnósticos quedan vacíos, quedan huecos, quedan lagunas y quedan agujeros negros. ¿A qué me refiero? De entrada a uno y que para mi grupo es principal. Hoy es el día en el que un periódico, el único periódico en euskera que había en aquel momento Euskaldunon Egunkaria sigue suspendido desde el 19 de febrero del año 2003 y que siguen inculpadas personas en un sumario del que al menos cabe decir, como acaba de afirmar un catedrático de la comunicación del País Vasco, que es de una insoportable fragilidad. Insoportable fragilidad pero, a modo de contrapeso, en el otro lado de la balanza, consecuencias gravísimas, en primer lugar para los propios encausados. Dejo aquí de lado las circunstancias de su detención, pero recuerdo a quienes todavía siguen encausados; recuerdo también a quien como Martín Ugalde moría hace pocas fechas con sus cuentas embargadas. Insoportable fragilidad del sumario, pero contra la actividad de una empresa que no ha podido seguir siéndolo; insoportable fragilidad del sumario para, al final y a la postre, dejar al País Vasco en aquel momento sin el único periódico en euskera que había en la calle. Quizá alguien pueda preguntarse si esto de lo que hablo y que denuncio tiene algo que ver con el tema que debatimos. Para mi grupo sí, tienen que ver y mucho, porque si de libertad de expresión y de información se trata -y de eso, al parecer, se trata- es necesario preguntarse cómo es posible y por qué que tanta fragilidad pueda tener tantas consecuencias tan graves.

Si analizamos las causas, veremos que eso sólo es posible cuando la politización que rodea y penetra a los medios de comunicación, politización que hemos vivido hasta extremos absurdos en fechas todavía muy recientes y de forma específica en relación con muchos temas vascos y más específicamente con el nacionalismo vasco, campa a sus aires no ya en las declaraciones de muchos políticos, sino también en el jaleo que a este respecto provocan muchos medios de comunicación que, insisto, jalean abiertamente declaraciones así y hasta cierto punto entran en competición con ellas. Nadie, pues, más interesado que nosotros en que de una vez, cuanto antes y de forma definitiva, desaparezca hasta donde ello es posible, que tampoco somos ingenuos, la supeditación de los medios de comunicación a los vaivenes de la política, de un partido, de otro o de dos partidos cuando se ponen de cuerdo y firman un llamado pacto antiterrorista que puede dar cobertura al cierre de un periódico pero que no debiera darla.

Si hubiéramos contado con una estructura profesional de los medios de comunicación y con unos periodistas en organizaciones sólidas, realmente autónomas, más independientes, con más criterio propio, con menos supeditación, bien sea al poder político, bien al poder económico, la situación no hubiera sido la que de hecho ha sido, no al menos con la impunidad y la facilidad con la que ha sido.

La sensación ante esta magnitud de los problemas que mi grupo extrae de la lectura de la proposición que hoy se trae aquí es que ese proyecto aborda al mismo tiempo demasiadas cosas y demasiado pocas, siempre desde la perspectiva de fortalecer la libertad de expresión e información, y que lo hace además en unos términos, con una metodología y unos procedimientos de los que habría que hablar más y más a fondo. No pretendo hacer aquí un análisis detallado de los términos en los que se presenta la proposición de ley, que tiempo habrá para eso, pero mi grupo tiene más preguntas que respuestas de la lectura de esa proposición de ley, preguntas que podría explicitar pero que, insisto, creo que no es el momento, preguntas que requieren de unos procedimientos y de un método de trabajo por el que se termine por dar determinadas respuestas que no sólo tienen que ser las respuestas más adecuadas, sino que tienen que ser aquellas respuestas que cuenten también con el máximo apoyo y con el visto bueno para que esas medidas resulten a la postre lo que se trata, efectivas.

Nosotros creemos que al día de hoy las medidas que se proponen no cuentan con el suficiente apoyo, seguramente ni en el propio mundo periodístico, pero no somos nosotros quien debe decirlo; desde luego por lo que se refiere al País Vasco no cuentan, por ejemplo, con el apoyo sindical con que puede contar a otros niveles, ni entiendo yo que contarán en el mundo propiamente empresarial de los medios de comunicación en lo que les afecta ni en el mundo propiamente político institucional, por ejemplo, respecto a lo que corresponde regular y hasta dónde desde este Parlamento y lo que corresponde regular en su caso desde ámbitos autonómicos.

Nuestro grupo entiende que es necesario tiempo, método para adentrarse a fondo en esta temática, que urge, porque entendemos que la problemática en la que hoy está situada la profesión periodística y en general el ejercicio del derecho de expresión requiere una actuación urgente, pero requiere también una actuación sólida y que pueda ser provechosa para ese objetivo que, resumido, mi grupo establecería en que es necesario de una vez vertebrar el periodismo.

No seremos, pues, nosotros quienes retrasemos un sólo día este debate, apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley, pero lo haremos con el firme propósito de, por un lado, no obviar ni uno sólo de los problemas que nosotros entendemos que tiene la problemática que aquí se aborda y, por otro, ayudar a definir el conjunto de medidas que, bien sean recogidas por esta proposición o bien por cualquier otro medio, sirvan con eficacia para fomentar y asentar una real libertad de expresión y de información y hacerlo todo ello desde el más estricto respeto competencial, así como el máximo consenso posible.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Beloki.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Puig tiene la palabra.

El señor PUIG CORDON: Gracias, señor presidente.

(Comienza su intervención en catalán y continúa en castellano.)

He iniciado estas palabras en lengua catalana porque espero que pronto, y a lo largo de esta legislatura, con toda normalidad y respeto podré realizar mis intervenciones en la lengua catalana, hablada por miles de ciudadanos y ciudadanas de los països catalans, de Llançà (¿?) a Guardamar y de Fraga a Mahón.

Vuelvo a empezar, anunciamos por parte del Grupo de Esquerra Republicana, nuestro voto favorable a la toma en consideración de la ley del estatuto del periodista profesional, a la vez que anunciamos la presentación de enmiendas en el trámite parlamentario para garantizar, si cabe aun más, los derechos de los periodistas, de su independencia, incorporando el derecho a la pluralidad cultural y lingüística de este Estado.

He empezado de esta manera porque siempre he entendido que el mundo del periodismo es básico para garantizar el respeto a las minorías y a sus libertades nacionales. Los profesionales del periodismo nos garantizan los derechos de las minorías, si ellos tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión. La falta de un estatuto del periodista que regule la profesión ha fomentado la baja calidad de algunos productos informativos. Los episodios de manipulación informativa en medios públicos y privados en los últimos meses han comportado una inevitable secuela de pérdida de prestigio de los periodistas. Lo que sucedió el 11 de marzo, como consecuencia de los graves atentados de Madrid, demuestran la capacidad de algunos gobiernos, en concreto el del Gobierno del Partido Popular y del señor Azna, para manipular, intentar cambiar la realidad. Aquel episodio de intento de manipular a los medios, tanto públicos como privados, nos tiene que servir de ejemplo para legislar a favor de garantizar a los profesionales de los medios de comunicación el derecho a trabajar en libertad.

Desde nuestro grupo parlamentario no consideramos en ningún momento que la creación de un estatuto profesional pueda significar un privilegio corporativo. Todo lo contrario. Dicho estatuto tiene que significar la garantía que el derecho a la libertad de información no puede ser propiedad de los medios, sino de los propios ciudadanos. Es por ello que entendemos que un verdadero y eficaz estatuto del periodista tiene que beneficiar básicamente a los ciudadanos y ciudadanas, les tiene que garantizar una información veraz y plural, y más aún hoy en día, cuando existen más dificultades que nunca, debido a la otra concentración de la propiedad de los medios. El estatuto del periodista profesional tiene que garantizar la libertad de información, basada en la responsabilidad y garantizar su seguridad laboral. No podemos permitirnos la actual situación de muchos y buenos profesionales que, forzados a una situación de precariedad laboral, no tienen garantizados los más mínimos derechos laborales. El propio Consejo de Europa ha recomendado la existencia de los estatutos de redacción para regular las relaciones internas de las empresas de medios y garantizar la pluralidad informativa. Al igual que el Consejo de Europa entiende que las empresas de medios de comunicación no pueden considerarse empresas al uso, sino que deben entenderse como entidades de carácter socioeconómico por su responsabilidad social. Garantizar los derechos laborales de los periodistas es básico. La actual precariedad laboral del sector haría actualmente inviable la aplicación del estatuto del periodista profesional. Como lamentablemente sucede en otros sectores, los contratos precarios, salarios mínimos, plantillas encubiertas, no garantizan las condiciones para cumplir el estatuto.

Según datos del propio sindicato de periodistas casi un 40 por ciento de los profesionales del Estado trabajan a la pieza, mediante colaboraciones y, al no estar inscritos en el régimen general de la Seguridad Social, no están protegidos por los convenios del sector, ni los de la empresa, no cuentan con escalas salariales, no pueden organizarse sindicalmente, ni pueden integrar los consejos de redacción, en definitiva, están en una situación de vulnerabilidad.

Como ya ha manifestado la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la propuesta que se presenta hoy en este hemiciclo es el fruto de los acuerdos elaborados por el foro de organizaciones de periodistas, por mandato de la segunda convención de periodistas del Estado y aprobado por unanimidad en el 2002 por la tercera convención. Dicho foro lo integran las AP, las agrupaciones de periodistas de Comisiones Obreras y UGT, los colegios de periodistas de Cataluña, Galicia y la Federación de Sindicatos de Periodistas.

Entendemos que es una necesidad y una obligación por parte de este Gobierno dar apoyo a esta proposición de ley y, así, cumplir con los compromisos que adquirió el actual presidente del Gobierno, señor Zapatero, hace ahora un año, en la clausura de unas jornadas parlamentarias denominadas Derecho a la información, derechos de los informadores. Se comprometió principalmente en tres aspectos básicos: promulgación de un estatuto del periodista profesional; modificación del Estatuto de Radiotelevisión Española para que su director fuera elegido por las Cortes y por mayoría cualificada, con mandatos no renovables, y regulación de la incorporación de los debates políticos a los medios públicos. Con referencia al tema que nos ocupa hoy, las manifestaciones del actual presidente del Gobierno no dan lugar a dudas: la voluntad expresada como responsable del principal partido de la oposición en aquel momento tiene que ser garantizada hoy como presidente del Gobierno. Demasiadas veces los ciudadanos y ciudadanas quedan desengañadas por las promesas que algunos políticos hacen en la oposición y luego, cuando están en el Gobierno, son incapaces de asumirlas. Estoy seguro de que este no será el caso.

Entre los argumentos utilizados, destacar que la Constitución sólo ampara dos grupos de profesionales: los profesores, sobran las explicaciones, y los periodistas. Decía el señor Zapatero: nuestro debate, por tanto, está plenamente justificado por la Constitución, exigido por la Constitución y amparado por la Constitución. Es la Constitución la que concede una atención extraordinaria al derecho a la información y al derecho de los informadores. Seguía diciendo el señor Zapatero: la profesión periodística es una profesión machacada en muchos aspectos, precariedad labora, sueldos bajos, becarios y prácticas que se eternizan. Y seguía diciendo: Tenéis la garantía y la tutela constitucional. Os sabéis responsables de la tarea de informar verazmente y con independencia a los ciudadanos, pero, como os he dicho, sufrís al mismo tiempo la paradoja de hacerlo en condiciones profesionales y sociales inadecuadas.

Podía seguir comentando las palabras del señor Zapatero, coincidiría con muchas de ellas, pero creo que han sido suficientes para esperar que el Partido Socialista no cambie de actitud y, ahora que está en el Gobierno, ponga en práctica lo mismo que decía en la oposición. Hemos vivido una etapa de presión inadmisible sobre los medios de comunicación por parte del anterior Gobierno del Partido Popular, ocho años de manipulaciones, de presiones inconfesables, compra de medios de comunicación privados para ponerlos al servicio de la propaganda del Estado, órdenes directas del anterior Gobierno a los directores de los medios de comunicación, cierre del único periódico en euskera, Egunkaria, un ataque imperdonable a la libertad de expresión -en democracia no podemos permitirnos el cierre de un periódico-, llegando finalmente a la histeria colectiva del anterior Gobierno cuando, en los días posteriores al trágico 11 de marzo, el anterior presidente del Gobierno llamó no una, sino dos veces, como emulando a Jack Nicholson, en su película El presidente siempre llama dos veces, a los directores de algunos medios de comunicación para intentar falsear la verdad. No podemos permitirnos que casos como estos puedan volver a ocurrir en el Estado español. Por eso, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley y vamos a trabajar para mejorarla introduciendo enmiendas en este sentido y, por tanto, estaremos en contra de cualquier intento de diluir este proyecto de ley; todo lo contrario, trabajaremos para mejorar las condiciones de la profesión de periodista, para garantizar las libertades, para garantizar la libertad de expresión; en definitiva, para garantizar los derechos de las minorías y su pluralidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclá.

El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en este debate de toma en consideración de una proposición de ley para la creación de un estatuto del periodista profesional. No es necesario que destaque a SS.SS. el papel, la función social que desempeñan los medios de comunicación en la transmisión de información y en la contribución a la conformación de una opinión de cada uno de los ciudadanos, una opinión de unos ciudadanos responsables y libres. A mí personalmente me place más esta expresión, la opinión de los ciudadanos, que la expresión más vaga, más difusa, la opinión pública.

Sin duda, una cultura política-democrática necesita de una buena información. Esta información se encauza a través de los medios de comunicación.

En cuanto a la proposición de ley, es apropiado formularnos algunas preguntas. ¿Debe intervenir el poder público? ¿Debe intervenir este Parlamento en la configuración del marco en el que los periodistas puedan desarrollar su trabajo con toda libertad? ¿Es necesaria una regulación específica, un estatuto profesional, o es suficiente una lectura integrada de los derechos fundamentales y constitucionales en la protección de las labores profesionales de los periodistas? De entrada, la respuesta de este grupo es que sí es conveniente estudiar un estatuto profesional, una regulación específica para los periodistas. Posteriormente, los límites de esta regulación deberán ser objeto de una profunda reflexión durante la tramitación parlamentaria. Hoy -únicamente, pero principalmente-, estamos en un debate de toma en consideración y, posteriormente, este posible futuro marco legislativo requerirá una reflexión -si me permiten SS.SS- a fuego lento, no sólo con la opinión de los grupos parlamentarios y la contribución inicial de un grupo parlamentario, sino también, evidentemente, y de forma innegociable, escuchando la opinión de los periodistas y de los diversos actores que concurren en el desarrollo de la información periodística.

Les avanzo que, ante una lectura inicial de esta proposición, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se le plantean varias dudas, interrogantes, debates y cuestiones que se vehicularán a través de enmiendas, por ejemplo, respecto al respeto a las competencias que 6 comunidades autónomas tienen en la regulación de los colegios profesionales y, por lo tanto, en los colegios profesionales de periodistas. También nos parece oportuna la fijación de una carta de derechos y deberes, así como algunas reflexiones de carácter liberal, que el diputado señor Mardones ha hecho hace un rato, sobre la necesidad de que este marco legislativo esté concertado con los profesionales. Creo que es bueno que SS.SS observen que esta proposición de ley que plantea el Grupo de Izquierda Verde tiene mucho de buen código profesional y, como todo buen código profesional, tiene mucho de ético, de declarativo y, afortunadamente, poco de coercitivo. En su exposición de motivos, muy completa, tiene mucho de discursivo, y, afortunadamente, como debe ser en todo lo referente a la libertad de expresión, muy poco de coercitivo y algunas referencias a otras leyes ya vigentes, como por ejemplo, la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, en lo referente a las cláusulas de conciencia o unas pocas y muy concretas referencias al Código Penal, como última ratio en la defensa de los derechos fundamentales y de algunos extremos de la libertad de expresión. Esta proposición de ley es tan declarativa, que algunos podrían inclinarse por la opción de la autoregulación, un viejo y profundo debate en el ámbito de los medios de comunicación. En una materia como el derecho a una información veraz, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que sí que es necesaria una intervención de los poderes públicos y de este Parlamento, para fijar una mínima regulación y un mínimo marco de garantías para el desarrollo en libertad de la profesión periodística. Este planteamiento de mi grupo parlamentario se formula en coherencia y de forma analógica con nuestra propuesta de creación del consejo audiovisual, presentada hace un mes en este mismo Pleno.

En un ámbito tan concreto, pero con un impacto tan importante sobre el conjunto de la sociedad y sobre la buena o la mala información, sobre el derecho a la buena información de los ciudadanos, como es el ámbito de lo audiovisual, este grupo parlamentario cree que es necesaria la creación de un consejo, cree que es insuficiente la autorregulación como elemento discursivo que el anterior Gobierno planteó ante nuestra propuesta de creación del consejo audiovisual. Por cierto, aquélla fue una iniciativa loable y loada por parte del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno, por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Pero sin querer hacer ningún acto de melancolía, uno tiene derecho a preguntarse hoy aquí por qué el Grupo Parlamentario Socialista puede llegar a apoyar dentro de unos momentos la toma en consideración de esta apropiada proposición de ley, y por qué en cambió no votó afirmativamente la toma en consideración de la proposición de ley de creación de un consejo audiovisual. El argumento del grupo de la mayoría es que hay una iniciativa gubernamental. Pero creo que en estas materias de libertad de información es mucho mejor trabajar desde la fórmula de la ponencia parlamentaria que desde la fórmula anunciada de la iniciativa gubernamental. Señorías, deberemos discutir mucho los contenidos. Nuestro grupo parlamentario que tiene mucha menos vocación intervencionista -desde la cordialidad y desde la discrepancia se lo digo diputada Navarro-, no alcanza a comprender la necesidad de la creación de un consejo estatal de la información. ¿Es necesaria la creación de un consejo estatal de la información? No lo sé. No se queden con una opinión formada, pero esto será objeto del debate durante la tramitación parlamentaria. Pero yendo de lo menor a lo mayor, sí a la proposición de ley, sí a vertebrar y a estimular, a través de esta iniciativa parlamentaria, la formulación de un código deontológico, o para ser más precisos, de varios códigos deontológicos, de un buen catálogo ético para una buena calidad en la información. Es evidente que un código deontológico no se puede regular, no se puede dictar desde el Parlamento, sino que tiene que participar en él, como ya han venido participando en redacciones de periódicos, en redacciones de televisiones, en redacciones de radios los propios profesionales. Hay buenos modelos comparados en nuestro entorno jurídico-político, hay buenos modelos comparados en Europa que nos invitan a la reflexión. Seguramente la toma en consideración de esta proposición de ley da satisfacción a una asignatura pendiente en la consolidación de una cultura democrática. Debemos dar un marco de garantías, derechos y deberes para conseguir, para asegurar una verdadera libertad de información, una libertad de información de calidad. Por todo esto, en nombre de mi grupo parlamentario expreso el voto afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Ballestero tiene la palabra.

El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a fijar la posición de mi grupo en torno a la proposición de ley, idéntica a la ya presentada, debatida y denegada aquí el 9 de diciembre del pasado año 2003; y desde entonces hasta ahora prácticamente no ha cambiado nada, excepto la posición en torno al voto de algunos grupos como Convergència, que me precedía en el uso de la palabra, y sí algunos aspectos de la situación política, y lo han hecho para darnos la razón desde los hechos, en mi opinión, en torno a algunos de los argumentos que se emplearon en el debate del pasado año: En aquel entonces el portavoz del Grupo Socialista dijo que el Gobierno del Partido Popular había puesto en marcha de forma descarada y casi escandalosa la mayor operación de control y manipulación informativa de nuestra democracia.

Y esto lo dijo para defender su voto favorable. Supongo -y espero- que, cuando el portavoz del Partido Socialista suba hoy a esta tribuna, será consciente del ridículo de esas manifestaciones.

Y digo ridículo, a pesar de la opinión de algún otro portavoz, como el de Esquerra, que no sé si estuvo o no en España durante esos días, del 11 al 14. A lo mejor, al estar en los Países Catalanes, creía que no estaba en España; pero sí estaba usted en España, si estaba en los Países Catalanes. Pues bien, a pesar de eso, han sido precisamente las políticas del Gobierno anterior, de proliferación de medios de comunicación y de apuesta por la libertad, las que han posibilitado que el Partido Socialista se siente hoy en los bancos azules -bueno, hoy, no, porque no hay nadie; pero habitualmente-.

Decía entonces, como creo ahora, que siendo la materia a tratar una materia importantísima, debido principalmente a la inestabilidad en la que trabajan gran cantidad de periodistas, es prácticamente imposible tomar en consideración una proposición de este tipo porque crea más problemas de los que resuelve. En primer lugar, porque adolece de deficiencias jurídicas importantes, tanto formales como de fondo. Entre las primeras, está la intención de regular el artículo 8, que habla del régimen de incompatibilidades; o el 13, de la cláusula de conciencia; o el 14, del secreto profesional. Todo ello por medio de ley ordinaria, cuando conocen SS.SS. que esto es materia de ley orgánica. O cuando en el artículo 2 se pretende fijar un modelo de carnet por parte del Estado -ya lo ha comentado algún otro portavoz-, que se imponga a los consejos autonómicos; la doctrina del Tribunal Constitucional dice que los modelos oficiales de impresos no pueden considerarse básicos, por ser un aspecto de carácter procedimental, conectado al ejercicio de competencias de control, que, en este caso, corresponde a las comunidades autónomas. Además, en los artículos 25 y siguientes se plantea la creación de un consejo estatal de la información, dotándolo de funciones más propias de los colegios profesionales. Señorías, la Lofage regula esta figura con fines y competencias diferentes de las que se proponen para este consejo.

Entre las de fondo, quiero destacar la pretensión del artículo 19 de regular los derechos de autor, cuando ya hay una Ley de propiedad intelectual, del año 1996, que, en mi opinión, es mucho más completa. O las innecesarias referencias que, al tratar de los directores de medios de comunicación, hace el artículo 21 al artículo 30 del Código Penal, relativas a la responsabilidad punitiva a la que aquellos están sometidos. Hay también pretensiones, como la regulación del acceso a las fuentes informativas, la de los actos públicos aun siendo de carácter privado, o la de las vistas judiciales, que seguimos pensando que tratan de dotar a los periodistas de unas prerrogativas en algunos casos desorbitadas y, en otros, con muy pocas garantías.

A la vista de estos errores jurídicos, ¿por qué no ha habido, señorías, ni una sola rectificación, ni intención alguna de rectificar, de Izquierda Unida? Pues porque, una vez que desmenuzamos esta proposición de ley, parece que en el único aspecto en el que Izquierda Unida quiere poner el acento es en el capítulo V, de comités de redacción. Sobre este particular, el debate aún no está claro, señoría. Por un lado, esta proposición trata la cláusula de conciencia, el secreto profesional y los derechos de autor; por otro, nos encontramos con unos comités de redacción con cierto olor a comisarios, que parecen estar mucho más cercanos a las políticas comunicativas del señor Charves: ese líder internacional al que tanto abrazan los socialistas en estos días (Un señor diputado: Chavez), y del que, por no contar una anécdota ajena, les contaré una propia. Fuimos testigos el señor Hernando -diputado de este grupo- y yo mismo, cuando fuimos hace años a Venezuela, a hablar de la libertad en los medios de comunicación. La contestación fue que, a la semana siguiente, después de irnos, salió en el programa Aló, presidente diciendo que iba a hacer una ley mordaza para expulsar del país a los extranjeros que no tuvieses opiniones similares a las suyas. No sé si será esa su pretensión.

Señorías, entenderán que nos llame la atención que se diga en la proposición que los comités no asumen la representación laboral de los periodistas, mientras se propone que sean órganos de mediación entre estos y la empresa, en lo que afecta a los derechos conferidos por el estatuto y a cualquier otra cuestión profesional que pueda suscitarse. O que nos cuestionemos el planteamiento en que, por un lado, se pretende que los comités sean garantes -según dicen- de un periodismo libre e independiente y, por otro lado, sean algunos sindicatos -y les recuerdo de nuevo que, cuando se quisieron reunir con este diputado, lo hicieron por medio de Comisiones Obreras- los que de modo parcial -notable, pero parcial- quieran impulsar esta iniciativa.

No sé si la intención final de esta proposición de ley es que sean determinados sindicatos y no los propietarios de los medios quienes marquen la línea editorial. Nuestro grupo, y creo que la mayoría de la profesión periodística con las organizaciones profesionales a la cabeza, no está en esta idea. Pero decía al principio que ha habido un cambio importante en los últimos años. Durante los últimos ocho años, el Gobierno del Partido Popular hizo una apuesta clara a favor de la libertad y de la transparencia en los medios, una apuesta para posibilitar la multiplicación de vías de difusión, la convergencia tecnológica de redes, la diversificación de ofertas y audiencias y el acceso individualizado a los diferentes servicios. Ésta fue una manera distinta de la que hoy creo que tienen otros portavoces de garantizar la libertad de expresión, creyendo en el individuo, confiando en la sociedad, creyendo en el profesional. Pues bien, durante esos ocho años el Partido Socialista mantuvo una postura descarada, vehemente, tremenda diría yo, de acoso y derribo a las políticas del Gobierno y a los profesionales, muy especialmente a los de Televisión Española. Incluso en el debate de esta proposición, el portavoz socialista volvió a acusarnos de manipulación y a decirnos que el Gobierno tenía miedo al periodismo libre.

Señores del Grupo Socialista, la mayor demostración del éxito de la apuesta por la libertad en los medios del Partido Popular fue precisamente eso, que algunos medios se convirtiesen durante los días del 11 al 14 de marzo en el cómplice necesario de lo que a mí me pareció una estrategia comunicativa cuando menos oportunista y que produjo claramente un vuelco electoral. Y por favor no suban después a hacer campañas tan vergonzosas como las que hicieron contra el señor Urdaci y a decir que era justo lo contrario, que quedaba un pequeño reducto de libertad. No lo hagan. No lo hagan porque, si lo hacen, probablemente habrá grabaciones radiofónicas que han desaparecido pero confío que Televisión Española conserve aún las cintas donde, gracias a la apuesta del Gobierno del Partido Popular por la libertad, el actual portavoz de su grupo parlamentario hacía campaña descaradamente la jornada de reflexión y la hacía en la televisión pública.

Algunas de SS.SS. han demostrado a todos los españoles, y lo han hecho para siempre, que lo único que les importa es ganar unas elecciones y después echar tierra y no investigar, pero confío que los pasos andados en materia de libertad informativa no se transformen en retroceso a los tiempos sectarios del anterior etapa socialista que dejaron ríos de tinta sobre la manipulación. Espero, sinceramente, que si se toma en consideración esta proposición no sea con la intención de imitar los modelos tan celebrados de la ley mordaza de Chávez o el de Castro. Y tienen que comprender nuestras dudas ante los antecedentes que están sembrando, como el globo sonda de sacar alguna nueva licencia de televisión para dársela a los amigos por los servicios prestados, dejando caer, eso sí, la amenaza de que esto significaría menos ingresos para algunas privadas. O la pelea que tienen montada con la Iglesia porque la Conferencia Episcopal tiene una emisora que pretende esclarecer lo que pasó realmente el día 11 de marzo (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Entenderán nuestras dudas cuando tan sólo en seis meses de Gobierno la señora Caffarel, tras una purga de profesionales en Radiotelevisión Española, ordena o consiente que no vaya Televisión Española a las ruedas de prensa del Partido Popular, o hace desaparecer del mapa al señor Rajoy en reuniones importantes como las que tiene con los líderes sindicales de este país.

Señorías, entenderán nuestro miedo a la vuelta a los comisarios políticos del Partido Socialista cuando, frente al impecable comportamiento en torno a los medios del Gobierno del Partido Popular en las últimas elecciones generales, la señora Caffarel tuvo que ser obligada a rectificar por su comportamiento sectario en las elecciones europeas, y aún así, hasta los ordenadores en Televisión Española se equivocaron y emitieron gráficas manipuladas de los resultados electorales.

Señorías, a pesar de que hoy algunos grupos han hecho verdaderos equilibrios para apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, nosotros tenemos que ser coherentes y seguir diciendo que no por los importantes defectos de los que adolece.

No creo que se tenga que tomar en consideración, a pesar de la importancia de los temas, cualquier cosa a cualquier precio. Ahora bien, quiero decirle que si sale adelante la toma en consideración, el Grupo Popular, siguiendo desde luego a los profesionales y a las asociaciones de profesionales, consultándolos ampliamente, abriendo un ámbito de reflexión como el que hubo en la V Legislatura en el Senado en temas similares, y ya digo, después de todo este proceso, siempre que no se vaya con ideas preconcebidas, nosotros aportaremos y colaboraremos en todo aquello que sea necesario.

Muchas gracias.(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (CISNEROS LABORDA): Gracias, señor Ballestero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jáuregui.

El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente. Sólo una breve referencia a la sorpresiva intervención del señor Ballestero, que, sin que venga a cuento, ha hablado aquí de sectarismo. Quiero recordarle, señoría, que el señor Zapatero tardó tres años en ser entrevistado en Televisión Española cuando fue elegido secretario general del PSOE y que el señor Rajoy tardó, cuando cambió la dirección en Televisión Española, tres días, exactamente tres días, a diferencia de lo que era el comportamiento sectario de Televisión Española en los tiempos del Partido Popular. Pero me parece que es una desconsideración a esta Cámara que hablemos de un debate anacrónico y pasado, y, sobre todo, me parece un descrédito para con la proposición de ley que estamos discutiendo. Sinceramente no sé a qué viene todo ese repaso obsesivo, sectario, hasta caer en el ridículo sobre el pasado. Hoy estamos aquí para discutir sobre una proposición de ley que pretende regular en las Cortes lo que se llama el Estatuto del periodista profesional. Quiero fijar al respecto la posición del PSOE diciendo en primer lugar que nosotros hemos barajado dos poderosas razones iniciales para oponernos a esta proposición de ley: la primera, porque el Gobierno tiene ya un mandato electoral. (Hay un compromiso electoral del Partido Socialista en su programa para regular esta ley; lo hemos establecido en nuestro propio programa de Gobierno. El Gobierno creó una comisión de expertos para elaborar un informe sobre medios de comunicación públicos, y hace muy poquitos días, curiosamente, el Gobierno ha contestado a una pregunta del diputado Popular, Gil Lázaro, a este mismo propósito anunciándole por escrito en su respuesta que el Gobierno tiene el deseo de regular, mediante un proyecto de ley, este estatuto cuando el informe de los expertos se haya publicado.) En consecuencia, primera razón, señorías: el Partido Socialista ha considerado que era su derecho presentar su proyecto de Estatuto y que este era nuestro compromiso con la ciudadanía. La segunda razón: tengo que decirles que el proyecto que se nos ha presentado hoy no es un buen proyecto legislativo. Quiero que interprete doña Isaura mis palabras con el afecto que se las hago. No es una valoración despectiva, pero, sinceramente, el proyecto es malo, tengo que decirlo con toda la sinceridad. Tiene un buen número de reflexiones técnicas, jurídicas y políticas, que estoy obligado a hacer: en primer lugar es un proyecto de parte. Este es un tema muy delicado y muy complejo, que afecta a intereses muy contrapuestos como ustedes saben bien, y es un proyecto de parte; es un proyecto, como bien se ha explicado aquí, que coincide literalmente con el aprobado por el Foro de Organizaciones Periodísticas y, por cierto, entregado a los partidos políticos en el mes de mayo del año 2002 -es decir que responde a una posición de parte-. En segundo lugar, no recoge derechos y deberes propiamente como un proyecto de ley, sino más bien vagas declaraciones de principios -en muchos casos no hay otra cosa que esto-. En tercer lugar regula derechos fundamentales y, sin embargo, no le da carácter de ley orgánica. En cuarto lugar, se refiere otra vez a la cláusula de conciencia, y ésta ya está regulada en una ley del año 1997. En quinto lugar establece un delito penal para la violación del secreto profesional, y nosotros creemos que una reforma del texto punitivo por la puerta de atrás y asistemática no es correcta hacerlo en esta ley.

En sexto lugar, esta ley invade competencias autonómicas, claramente en aquellos casos en los que tienen competencias en la regulación de la profesión de los colegios profesionales. En séptimo lugar, la incorporación de un anexo de código deontológico queda sujeta, en mi opinión, a una autorregulación profesional no a un anexo de la ley. En fin, podría seguir.

Señorías, nosotros creemos que se trata de una ley que regula un asunto antiguo sobre el que hay una vieja reivindicación que el Partido Socialista asume como tal, que regula derechos fundamentales muy importantes en una materia clave de nuestro sistema de libertades, porque está afectando a principios sensibles del corpus democrático de nuestro país: el derecho a la expresión, la libertad de información, la cláusula de conciencia, el secreto profesional. Como todo esto está por hacer, hay que aprovechar esta iniciativa, aunque ya quiero dejar muy claro que nuestro grupo no comparte el texto exacto de esta proposición de ley. Desde luego, es importante abordar la problemática de las condiciones laborales de los periodistas, muchos nos preguntamos si en este marco y en este contexto de devaluación, de depauperación de condiciones laborales en la profesión se garantizan los derechos que están en juego en esta materia. Hay una concentración de poder mediático en nuestro país que reclama un examen, hay recomendaciones internacionales del propio Consejo de Europa, hay experiencias en otros países que hay que abordar. En fin, señorías, todo esto nos lleva a considerar que la iniciativa debemos abordarla, en parte porque, como bien han recordado varios intervinientes, el señor Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, entonces candidato y ahora presidente del Gobierno, anunció en un encuentro con el mundo periodístico el 25 de noviembre de 2003 un compromiso personal con la promulgación de un estatuto del periodista profesional. Como queremos ser congruentes con ese compromiso y aunque el Gobierno y nuestro grupo hubieran deseado una proposición más pausada, más multidisciplinar, que recogiera todos los planos de esta materia, vamos a aprobar la proposición como iniciativa del debate, porque creemos que esta iniciativa da un impulso a un debate y abre una oportunidad a la reflexión. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Quiero advertir que queremos establecer un plazo largo de consulta, con lo que llamaríamos las experiencias del derecho comparado, con la determinación de los espacios que hay que regular para evitar superposiciones legislativas y que tenemos que respetar competencias autonómicas. Tenemos que recordar que este mismo debate se produjo ya en el año 1994 y no había acuerdo entre los profesionales para la regulación del secreto profesional, que es un tema muy complejo y muy delicado y sobre todo ello -termino, señor presidente- nuestro grupo solicitará en la tramitación de esta proposición la apertura de un periodo de comparecencias a sindicatos, a colegios profesionales, a empresas editoras, a expertos para tener una base informativa amplia que nos permita, si es posible, que los mismos grupos que hoy estamos diciendo sí a esta proposición -y, por qué no, también el PP, si se quiere sumar a este consenso en una materia que me parece importante que lo tenga- podamos elaborar un texto alternativo, un texto que pueda servir incluso de enmienda de totalidad para la tramitación de este proyecto de ley sobre otra base jurídica puesto que la de este texto no la consideramos adecuada. Es sobre esas condiciones que nuestro grupo va a decir sí, a continuación, a propósito de esta materia.

Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Navarro Casillas pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame, señora Navarro.

La señora NAVARRO CASILLAS: Para turno de réplica.

El señor PRESIDENTE: Sí, no la había visto. Adelante, señora Navarro.

La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, el portavoz de Coalición Canaria ha manifestado que no le parece correcto que sea Izquierda Verde quien haga un traje a los periodistas. Evidentemente, no ha sido así y así lo he expuesto al defender esta proposición de ley. Son ellos los que se han hecho el traje e Izquierda Verde ha sido el portavoz de lo que ellos entienden ha de ser la regulación de su sector. Por lo tanto, cuando el portavoz del Grupo Socialista manifiesta que la iniciativa le parece mala, se refiere precisamente al contenido que los propios profesionales del sector proponen para autorregularse.

No puedo dejar de mencionar las referencias que ha hecho el portavoz del Grupo Popular al presidente Hugo Chávez. Le informo de que Aló, presidente es precisamente el programa más visto los domingos en Venezuela, a través del cual el presidente transmite lo que ha hecho y lo que va a hacer durante la semana a los ciudadanos venezolanos, dando cumplimiento al derecho de información. Además, quiero manifestar que, como quizá no estaban conformes con las regulaciones, por eso decidieron apoyar un golpe de Estado en ese país. Cuando se produjo ese golpe de Estado, la primera televisión que se censuró y que se cerró fue la pública, dejando que todas las televisiones privadas siguieran contando mentiras respecto a lo que estaba ocurriendo en ese golpe de Estado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.

En segundo lugar, votamos la toma en consideración del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, del estatuto del periodista profesional.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 175; en contra, 134; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: La proposición de ley ha sido tomada en consideración por el Pleno.