El Sindicato de Periodistas de Andalucía lamenta que desde una administración pública se vulnere la legislación autonómica sobre concesión de radios locales

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha adjudicado por 73.800 euros la gestión de la emisora municipal por dos años a una empresa privada, Anexiona Comunicación S.L. que ha empezado sus emisiones este lunes 20 de febrero. Si bien el pliego de la convocatoria se presentaba como “servicio de colaboración”, en las clausulas se especifica que se trata de incorporar “medios humanos externos que permitan las funciones de producción de programación, realización y locución, y funcionamiento de la emisora municipal Radio Priego”.

Ello contraviene el decreto de concesión de Emisoras de Radiodifusión Sonora de la Junta de Andalucía, en el que se establece que las emisoras municipales serán de gestión directa por medio de alguna de las formas previstas en la Ley de Bases de Régimen Local. Esta ley en su artículo 85 establece que la gestión directa de las competencias municipales se podrá realizar bien por el propio ayuntamiento o en su defecto un organismo autónomo local o una entidad pública empresarial local. A la vista de todo esto,  el proceso de convocatoria y adjudicación para la explotación de Radio Priego constituye una situación de ilegalidad que lamentamos y reprobamos.

Desde el SPA hemos contactado con la alcaldesa de Priego, quien asegura que la fórmula utilizada está avalada por un informe jurídico y que la radio sigue funcionando como una emisora pública. Añade además que es la única manera de poder mantener abierta la radio ya que el Ayuntamiento no puede contratar personal para un servicio como la radio que no es de primera necesidad.

Se da la circunstancia de que este no es un caso aislado en el panorama de las radios públicas andaluzas. Según datos del Laboratorio de Comunicación y Cultura, COMandalucía, de las más de 300 emisoras municipales que hay concedidas en Andalucía, 124 están operativas, 24 en situación ilegal y 169 cerradas. Una de ellas la de La Zubia, tras despedir a su única trabajadora, como ya denunciamos hace unas semanas.

Este anómalo panorama público audiovisual no sólo está restando pluralismo a la sociedad andaluza, también esta lastrando la actividad económica y la creación de empleo en un sector con cifras de paro desbordadas. Con sólo legalizar las emisiones ilegales existentes y adjudicar temporalmente las radios públicas actualmente cerradas se crearían al menos 500 empleos directos en Andalucía. Por lo que desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía esperamos que la Junta de Andalucía no demore más la aprobación de la Ley Audiovisual Andaluza, que de pasos en esa dirección, y a la vez regule las emisoras comunitarias, del llamado tercer sector.