El Sindicato de Periodistas de Andalucía cree necesaria la convocatoria urgente de una rueda de prensa -con preguntas- para explicar la situación de TG7, las acusaciones de represión sindical y la supuesta existencia de “trabajadores fantasma”.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía considera patético y lamentable que el concejal de personal del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, se haya escudado en el reglamento municipal para no dar explicaciones en el pleno municipal sobre las graves acusaciones de manipulación política y represión sindical que pesan sobre la televisión pública local, y de las que se han hecho eco diversos medios de comunicación.
El concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes, no se puede escudar en las deficiencias del reglamento municipal para evitar el debate y dar explicaciones sobre TG7. Por ello, desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía le reclamamos la convocatoria urgente de una rueda de prensa -con preguntas- para dar explicaciones sobre los supuestos de trabajadores fantasma (que estarían en nómina sin trabajar para TG7), represión sindical mediante despidos selectivos, y presiones políticas de la directora sobre los trabajadores para favorecer al Partido Popular.
En una grabación publicada por el digital Andaluces diario, supuestamente la directora insta a los trabajadores a favorecer al PP ante las elecciones municipales diciéndoles, entre otras cosas, “los que tengan buenos contactos con los señores que vengan de la oposición se quedarán, y los que no nos iremos a la calle”. Lejos de dar explicaciones, el concejal responsable de la televisión municipal ha puesto en duda la veracidad de la grabación, asegurando que es la televisión más plural de Andalucía, y sobre el asunto de supuestos trabajadores fantasma, ha amenazado con que le caerá una multa de elevada cuantía a los responsables por haber filtrado datos personales.
Psoe, Vamos Granada e IU han pedido la readmisión de los trabajadores despedidos (cinco) y una auditoría, así como un modelo distinto de gestión pública. Ciudadanos, que tiene un acuerdo de gobierno con el PP, ha llegado a pedir cambios en la dirección, en el concejal o el técnico responsable.
Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía esperamos que la Ley Audiovisual andaluza, que ya debería haber sido promulgada antes de las pasadas elecciones autonómicas, regule el funcionamiento de los medios públicos locales, mediante mecanismos de participación que impidan el control político de la información, y unas buenas prácticas laborales y empresariales. A la vez animamos a todos los trabajadores de empresas de comunicación públicas a que denuncien los abusos laborales, las presiones políticas y los inaceptables casos de manipulación de quienes quieren poner a su servicio los medios y la información, que son propiedad de la ciudadanía.