El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) pide al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte que deje de presionar a los trabajadores de la radio y televisión locales, y que junto con el Consejo de Administración de DOCOSA -la empresa municipal que gestiona dichos servicios- busque una solución definitiva para que la plantilla no vuelva a tener problemas con el cobro de las nóminas por falta de presupuesto, tal y como sucedió a finales del pasado año.

La situación que vienen soportando los trabajadores de la televisión local de Almonte es un nuevo ejemplo de la falta de respeto de los políticos a la independencia de los profesionales de la información y comunicación. Desde el SPA queremos recordar al equipo de gobierno local que el derecho a la información, comunicación y la libertad de expresión, son derechos fundamentales de los ciudadanos, y que despolitizar un medio de comunicación es dejarlo en manos de sus trabajadores, profesionales de la información y la comunicación, para evitar que la televisión local haga propaganda en vez de información, porque esté al arbitrio del gobierno de turno.

Decimos esto porque desde que el PSOE llego de nuevo al gobierno del Ayuntamiento de Almonte en 2015 no ha hecho otra cosa que tratar de controlar la programación y contenidos de la televisión local. Primero, dando la gestión de DOCOSA a un señor que tiene una productora audiovisual privada, sin concurso público y sin acuerdo alguno ni del pleno ni del consejo de administración. Después, adjudicando un contrato de dos años y 138.000 euros por procedimiento negociado sin publicidad, a una televisión privada: la difusión institucional y retransmisión de actos de televisión del Ayuntamiento de Almonte. Ahora, recortando el presupuesto que se había aprobado en el consejo de administración de DOCOSA y tratando de instaurar la censura en la radio y televisión municipal.

Según se desprende del acuerdo de junta local de gobierno celebrado el pasado 2 de enero, algunas de las actividades que DOCOSA realice tanto en radio, televisión o redes sociales deben tener el visto bueno previo del Ayuntamiento. Justo ese mismo día, tras la reunión del equipo de gobierno local, la alcaldesa Rocio Espinosa ofreció declaraciones a la prensa en las que, muy molesta por las acciones de protesta de los trabajadores de DOCOSA el pasado diciembre para reivindicar el cobro de sus salarios, afirmó que “a partir de ahora, vamos a censurar y a denunciar todos los contenidos de la televisión pública que atenten contra lo establecido en los estatutos. Aquellos que tengan que ver con la ética y la utilización política de la televisión”.

Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía queremos recordar al equipo de gobierno de Almonte que nuestra Constitución prohíbe la censura. Precisamente, el artículo 3 de los estatutos de DOCOSA establece que “sus actividades se ajustarán a los principios generales de respeto, defensa y promoción que informa la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y de los derechos y libertades que en ellos se reconocen y garantizan”. Y además no corresponde a los alcaldes ni a los ayuntamientos controlar la ética ni la pluralidad informativa de los medios públicos, porque para eso tenemos en nuestra comunidad autónoma el Consejo Audiovisual, al que precisamente el Parlamento andaluz encomendó esa labor.

El SPA ha solicitado en dos ocasiones, reuniones con los cuatro grupos municipales de Almonte para tratar de buscar solución para los trabajadores de este medio local que, al ver el recorte de 60.000 euros realizado por el equipo de gobierno al presupuesto aprobado por el consejo de administración, están convencidos de que, más pronto que tarde, volverán a encontrarse con los problemas que ya padecieron a finales de 2017. Y aunque solo han respondido Mesa de Convergencia y el Partido Popular, el SPA no desistirá y seguirá trabajando por conseguir un compromiso de estabilidad para estos trabajadores.