Tras años de compromisos de diversos gobiernos para ordenar el sector audiovisual, sometido a normativas dispersas, y para dotarlo de una ley general y de una autoridad audiovisual como las existentes en toda Europa, el Gobierno ha aprobado por fin el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que presentó a finales de junio.

 

Esto debería alegrar a quienes desde hace demasiado tiempo hemos venido reclamando una regulación del sector audiovisual que garantice el derecho a la información de la ciudadanía, acabando con las radiotelevisiones públicas de partido, y también el derecho a una programación digna y de calidad. Una exigencia que alcanza también a las privadas, que en estos años han profundizado en las simas más bajas de teleporquería y de banalización y degradación del entretenimiento. También deberíamos alegrarnos los que exigíamos la necesidad de una autoridad audiovisual independiente del Gobierno, que vele de forma vinculante por el cumplimiento de esos objetivos y tenga capacidad para sancionar y también para adjudicar las licencias radioeléctricas, con el fin de acabar con los favoritismos y clientelismo que comportan dejarlo en manos de los gobiernos.

 

Sin embargo, nos hemos topado con un proyecto de ley audiovisual que se aleja de los primeros proyectos del 2005, inspirados en el Comité de expertos que el primer gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó para dar satisfacción a las exigencias de sectores de la comunicación, los usuarios y los profesionales de la información. Ha llovido desde entonces y nuevos actores, principalmente operadores privados, han aparecido con fuerza hasta el punto de influir decisivamente en una ley que más que regular el sector aparece como liberalizadora del mismo. No por casualidad, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha aplaudido indisimuladamente el anteproyecto.

 

La propuesta del Gobierno no parte de una concepción global de servicio público exigible a todo el sector audiovisual, sino que introduce el principio de "interés general" y limita el servicio público a los medios de titularidad pública, a quienes impone más obligaciones que derechos. Entre ellas, la "contabilidad analítica" que separe la programación de servicio público de la comercial, como si fuera fácil de delimitar, y más en el caso de autonómicas y locales con función de normalización de la lengua propia, que atraviesa toda la programación.

 

El proyecto aprobado hoy consagra medidas anteriores, como las nuevas condiciones para la fusión entre operadores, la TDT de pago y la eliminación de la publicidad en la radiotelevisión estatal, que será un modelo a generalizar --UTECA presiona en ese sentido-- y que condicionará al sector audiovisual público autonómico y local. Además, limita a las televisiones públicas la compra de derechos de grandes retransmisiones deportivas y de las grandes producciones cinematográficas, lo que redundará en el raquitismo del sector público que no podrá competir con la lógica puramente mercantil de las privadas.

 
El proyecto se refiere siempre al "mercado audiovisual" y no menciona el derecho fundamental a la información de la ciudadanía.

 

Se crea una Autoridad Audiovisual, pero sin las competencias que debiera tener como la de conceder licencias, que ya tienen organismos análogos de comunidades autónomas. Esa competencia queda en manos del Gobierno. La capacidad sancionadora de la autoridad audiovisual viene limitada por la "autoregulación" propuesta, de triste experiencia en el sector.

 

No se contemplan unos medios públicos audiovisuales fuertes, que garanticen un porcentaje mayoritario de producción interna, y con ello una garantía de empleo estable. No se contempla tampoco añadir a los requisitos para los concursos de licencias compromisos de empleo estable, o de derechos profesionales como los Estatutos de Redacción.

 

Las licencias se concederán por periodos de 15 años, en vez de 10 como hasta ahora, con un máximo de tres. Pero poniendo el contador a cero,es decir, ignorando los años anteriores, de forma que grandes operadores tienen garantizada licencia por 45 años, gracias a la "renovación automática" prevista.

 

El "tercer sector", o medios comunitarios, apenas si se contempla, y se le exige contenidos determinados a la vez que se le impide tener publicidad.   

Valoramos en cambio los avances en materia de protección de la infancia y de limitaciones, aunque mejorables, a la publicidad. Por todo ello, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reconoce lo positivo de estar a las puertas de una Ley de la Comunicación Audiovisual, tan necesaria como la Autoridad que vigile de su cumplimiento con eficacia. Pero, al mismo tiempo, alerta de los peligros de consagrar en la ley principios que responden a la rentabilidad económica inmediata de los operadores privados y no a la necesidad ciudadana de un audiovisual entendido como servicio público.
   
La FeSP planteará a los grupos parlamentarios las enmiendas oportunas, de acuerdo con las organizaciones sociales, para que no se desaproveche la oportunidad, largamente esperada, de situar el sector audiovisual al servicio de derechos fundamentales y no del negocio privado.