Este miércoles termina el plazo para presentar enmiendas a la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se discutirá muy pronto en la Comisión Constitucional del Senado. Aprobado el proyecto en el Congreso de los Diputados, sólo mejoró sustancialmente en las garantías de no privatización de las radiotelevisiones autonómicas y locales, su función de producción y edición de programas, su sistema mixto de financiación, y su funcionamiento a través de contratos programa y mediante la legitimación parlamentaria (y no gubernamental) de los correspondientes órganos de gestión. También hubo algún avance en relación a la participación de las comunidades autónomas en la definición del espacio radioeléctrico estatal y a los acuerdos bilaterales como única condición para la recepción mutua de televisiones en comunidades vecinas, como el conflictivo caso de TV3 y Canal 9.

Sin embargo, para la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), a la que pertenece el SPA, pervive lo negativo de la propuesta audiovisual del Gobierno, frontalmente opuesta al modelo esbozado por la Comisión de Expertos nombrada por Rodríguez Zapatero en 2004, y que permitió la ley de reforma de RTVE, basada en una clara definición del servicio público y en una subvención clara a través del contrato programa, amén de una dirección elegida por una mayoría cualificada del Parlamento.

No hay en el proyecto de Ley una consideración del sector audiovisual como un espacio de servicio público, exigible a todos los operadores que disfrutan de una concesión del espacio radioeléctrico, sino una concepción de mercado audiovisual, de pura actividad económica, muy grata a quienes han sido los grandes inspiradores y beneficiados de esta propuesta: los prestadores privados agrupados en la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca). Unas empresas a las que se concede una ampliación de las licencias de 10 a 15 años y su renovación automática no contemplada en la normativa europea; a las que se garantizan amplios límites para la publicidad (consagrada ya por ley su desaparición en TVE) y para las fusiones entre cadenas; la inclusión de las teleseries en el obligado 5% de inversión en cine europeo, y el "derecho a la autorregulación", de ridículo balance hasta el presente y opuesto a una verdadera regulación que debería estar en manos de la autoridad audiovisual, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Un CEMA al que no se cede la competencia de la concesión de licencias (solo los requisitos de los concursos) y al que se resta capacidad sancionadora, especialmente en el caso de faltas leves y de emisión de publicidad que incumpla los principios de la Ley.

Por otro lado, y completando un modelo más liberalizador que regulador, se circunscriben a la radiotelevisión pública las obligaciones de servicio público que se suponen contrarias a una programación mayoritaria, y se limita su crecimiento y su presupuesto a una incierta financiación basada en los beneficios de las privadas, según unos criterios que puede cuestionar la Unión Europea. Se avanza así, por la tolerancia a la concentración de cadenas y por las prohibiciones a la radiotelevisión pública (en cuanto a la compra de derechos deportivos y de grandes producciones de Hollywood), hacia una realidad de dos grandes cadenas privadas, nacidas de los procesos de fusiones en curso, y de una radiotelevisión pública bonsái, al estilo de EE.UU., de calidad pero marginal, y sin capacidad de ejercer su función vertebradora de la cohesión social. Una radiotelevisión pública que se aproximaría así a la realidad de los medios comunitarios o del tercer sector, que la Ley tolera pero que encorseta con una limitación abusiva de su presupuesto y con el veto a la financiación vía publicidad.

Por todo ello, la FeSP hace un nuevo llamamiento a la recuperación del modelo audiovisual prometido por el presidente del  Gobierno antes de acceder al cargo, y que creó esperanzas entre una ciudadanía y unos profesionales hartos tanto de la teleporquería como de la manipulación informativa. La Federación de Sindicatos de Periodistas apoyará los planteamientos y las enmiendas que vayan en ese sentido. Para evitar, seis años después de los compromisos de Rodríguez Zapatero, que se consume esta verdadera contrarreforma legislativa que no puede llevar más que a la fractura audiovisual en la sociedad española y al deterioro de su calidad democrática.