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 El PP y Unió Mallorquina pretenden destituir a su
directora, porque defiende los valores profesionales, y adoptar medidas que
ponen en peligro el futuro de la empresa.
La crisis
política en el Gobierno de las Islas Baleares, provocada por la imputación de
altos cargos de Unió Mallorquina en casos de corrupción, puede provocar un paso
atrás en ciertos avances que ha habido en la Radiotelevisión de Mallorca tras el
fin del gobierno de Jaume Matas, del PP. Este partido impulsó la
radiotelevisión pública de todas las Baleares –IB3– con sus criterios
habituales de control gubernamental, y Unió Mallorquina, el partido bisagra,
aplicó esos mismos criterios en RTV de
Mallorca.
Con el nuevo gobierno multipartito, constituido por la
colaboración de UM, no se han reformado las leyes reguladoras de los ente s para
lograr su necesaria desgubernamentalización. Y ese partido pasó a controlar IB3,
mientras que en la RTV de Mallorca la designación de la directora corrió a cargo
de la fuerza política mayoritaria, el PSOE.
En RTV de Mallorca se nombró directora a una acreditada
profesional, la periodista Marisa Goñi –Premio Ortega y Gasset de periodismo
por la investigación de los vuelos de la CIA que hicieron escala en Baleares–,
comprometida con las exigencias profesionales y sindicales de reforma de los
medios y de garantías para el ejercicio de un periodismo no sometido a los
gobiernos ni a los partidos. Bajo su dirección, las emisoras de RTVM no han
ocultado los casos de corrupción de UM en materia urbanística. Desde el PP no le
perdonan ni su línea informativa general ni que en elecciones anteriores aplicara criterios profesionales informativos para cubrir la campaña
electoral y no repartiera el tiempo en proporción a la representación
parlamentaria.
De ahí que ambos partidos pretendan ahora reformar las
normas aprobadas en su día por unanimidad, para establecer que el nombramiento y
la destitución del director corresponda al pleno del Consell de Mallorca y no a
su presidente. No lo hacen para desgubernamentalizar los medios, sino para
repartir su control entre partidos: en este caso recaería en el PP mientras IB3
continúa controlada por UM, pese a su expulsión del Ejecutivo balear.
La Junta Ejecutiva Federal de la Federación de
Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia esta operación
involucionista, que también incluye la propuesta de estudiar el cierre de TV
Mallorca o convertirla en el segundo canal de la televisión autonómica (IB3), lo
que afectaría a una plantilla de 120 personas, postura que obedece a criterios
políticos que son contrarios a la exigencia profesional y social de que los
medios de comunicación públicos deben responder a su nombre y dejar de ser
manipulados por el partido político de turno.
 La FeSP expresa su solidaridad a los trabajadores de RTV
Mallorca y a su directora, Marisa Goñi, y rechaza los intentos de retomar el
control partidista de las emisoras, actitud que denunciamos ante la sociedad en
defensa del derecho constitucional a una información veraz, plural e imparcial,
como corresponde a unos medios financiados por toda la ciudadanía y que deben
estar a su servicio exclusivo.
La FeSP está integrada por el Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC), Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM),
Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Sindicato de Profesionales de la
Información de La Rioja (SPIR), Sindicat de Periodistes de les llles Balears
(SPIB), Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) y Sindicato
de Xornalistas de Galicia (SXG).
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