Documento de reivindicaciones del Sindicato de Periodistas de Andalucía a las formaciones políticas andaluzas ante el 22-M

La crisis actual que viven los medios y los profesionales de la comunicación andaluces no se puede desvincular de la crisis económica y social que atraviesa nuestra tierra. Así como tampoco debemos perder de vista la crisis de credibilidad del periodismo, que amenaza la calidad de nuestra democracia. Por tanto ni desde los poderes públicos ni desde las organizaciones sindicales y profesionales de periodistas deberemos olvidar que lo que está en juego no es el derecho a informar de empresas y periodistas, sino el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y contrastada, como recoge nuestro ordenamiento jurídico.

No tenemos que olvidar que los ciudadanos, mujeres y hombres de Andalucía, tomamos a diario decisiones que afectan a nuestras vidas, y lo hacemos en función de la información que recibimos. La desinformación o la falta de fiabilidad alteran profundamente la calidad de la vida en una sociedad democrática. Por tanto instamos a los poderes públicos y a los partidos políticos que representan a las y los andaluces, a adoptar las medidas de gobierno a su alcance que permitan el desarrollo de este derecho, recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución Española, y en el 210 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Medidas que aquí proponemos y que forman parte también de las reivindicaciones de la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Foro Andaluz de la Comunicación y la Educación, y la Federación Internacional de Periodistas, entidades a las que pertenece el Sindicato de Periodistas de Andalucía.

Medidas de carácter legislativo

1. Ley Audiovisual de Andalucía. Elaborada durante meses de trabajo con la participación del tejidoempresarial y asociativo andaluz, el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía no llegó a entrar en el Parlamento por la disolución de éste ante la convocatoria anticipada de elecciones. Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía –SPA- que participó activamente en su elaboración, estimamos que su promulgación debe ser una prioridad del nuevo Gobierno que salga elegido tras los comicios del 22 de marzo.

2. Regulación del derecho a la información y la comunicación. El SPA solicitará al Parlamento de Andalucía el desarrollo legislativo del artículo 207 del Estatuto de Autonomía, que encarga a los poderes públicos velar por la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a una información independiente, veraz y plural, en línea con lo que establece el artículo 20 de nuestra Constitución y la Carta de Derechos Humanos. Un derecho que debe tener la misma consideración que la salud y la educación, como pilares básicos de nuestra convivencia democrática.

3. Regular la publicidad en radio y televisión sobre juego y apuestas. El SPA se suma a la petición del Consejo Audiovisual de Andalucía para que se legisle de manera urgente sobre la publicidad en radio y televisión referida a juego, loterías y páginas webs de apuestas on line. El consejo, en su reciente Informe sobre comunicaciones comerciales de actividades de juegos de azar, constata graves irregularidades y vulneraciones que exponen a colectivos especialmente vulnerables, como la infancia. En la actualidad estos anuncios están sometidos a un código de conducta no vinculante.

Radio Televisión de Andalucía

4. Nuevo contrato programa. Próximo a cumplirse el contrato programa suscrito entre el Gobierno andaluz y la Radio Televisión Andalucía para el periodo 2013-2015, instaremos al Gobierno andaluz a que suscriba un nuevo contrato programa que aporte a la agencia pública estabilidad presupuestaria y recursos suficientes para cumplir la labor de servicio público que tiene encomendada.

5. Consejo de Administración despolitizado. Hacemos una llamada a los partidos políticos para que se elija para el Consejo de Administración de la RTVA a profesionales de reconocido prestigio del mundo de la comunicación y el periodismo, y no mediante cuota partidaria, como hasta ahora, de personas muchas veces ajenas al sector de la comunicación. Igual medida reclamamos para el Consejo Asesor, llamado a representar ampliamente a la sociedad civil andaluza.

6. Potenciar los Consejos Profesionales. Los consejos profesionales o consejos de información, cauce de participación de los profesionales en la orientación editorial y la calidad de la información, son instrumentos fundamentales para el funcionamiento democrático de los medios de comunicación. En España escasea y en Andalucía la RTVA es la única empresa andaluza de nuestra Comunidad que lo tiene. Sin embargo reclamamos que se amplíen sus competencias para que tengan que ser oídos sobre la idoneidad de la figura del director o directora de informativos, e informados y oídos sobre la destitución y nombramiento de directores editoriales, como ocurre en la mayoría de los estatutos profesionales que hay en Europa.

7. Instituto Audiovisual. Vinculado a Canal Sur y aprovechando sus sinergias y experiencia, proponemos crear un Instituto Audiovisual Andaluz. Se trataría de un centro de formación semejante al Instituto Oficial de RTVE, y contribuiría a desarrollar un sector del que en Andalucía dependen indirectamente unas 100 empresas y más de 1.700 trabajadores.

8. Derecho de acceso. El art. 211 de nuestro Estatuto de Autonomía garantiza el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos a asociaciones, organizaciones e instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía. Se trata de ofrecer gratuitamente espacios de participación directa a la sociedad civil para garantizar su derecho constitucional a difundir ideas. Ello supone establecer los mecanismos necesarios y la puesta a disposición de las organizaciones sociales de los medios necesarios para que se pueda ejercer de manera eficaz. Sin embargo, pese a que este derecho viene también recogido en la Ley de Creación de la RTVA (2007), aún no se ha desarrollado el reglamento que lo posibilite.

Sector Audiovisual

9. Ordenar el espectro radioeléctrico andaluz. Urge establecer mecanismos de control sobre las frecuencias de radio y televisión en Andalucía. Estimamos que en estos momentos el número de emisiones ilegales en radio supera al de aquellas que sí tienen licencia para emitir. La ordenación de este espacio, sacando a concurso nuevas licencias en el espacio que queda libre permitiría la creación de centenares de nuevas emisoras, que enriquecerían el panorama de la comunicación andaluza. Esta medida permitiría generar no menos de 500 puestos de trabajo para profesionales de la comunicación en el sector.

10. Transparencia en la concesión de licencias. Solicitamos que las licencias de emisión se convoquen mediante concurso público regulado, con total transparencia y criterios objetivables. Si hubiera plazas vacantes, bien por dejación del adjudicatario o por otras razones, se convocarán nuevos concursos para adjudicarlas de nuevo a la mayor brevedad. El Gobierno andaluz delegará en el Consejo Audiovisual la adjudicación de licencias de emisión.

11. Registro público de operadores. Al objeto de promover la transparencia, la fiabilidad y la credibilidad de las informaciones, el gobierno andaluz abrirá un registro de operadores de radio televisión de Andalucía, que será accesible para todos los ciudadanos. En él se indicará la identidad de sus propietarios, así como sus posibles relaciones con otros medios de comunicación y sus vinculaciones con grandes grupos empresariales.

12. Garantías de pluralismo y diversidad. El pluralismo y la libertad de los medios, garantía de una sociedad más democrática, es una responsabilidad que recae en los Estados, y así lo reconoce la Comisión Europea. En esta línea, la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas declaró el espacio radioeléctrico como patrimonio común de la Humanidad, con objeto de favorecer la libre difusión de ideas y opiniones. Por ello las administraciones deben primar en las adjudicaciones de las licencias las prácticas de democracia interna y pluralismo en las redacciones (estatutos de reacción, libros de estilo), el grado de acceso de los ciudadanos a los medios (defensor del telespectador y radioyente, consejos ciudadanos de participación, etc).

Emisoras locales

13. Plan urgente de ordenación. La Ley Audiovisual establece que las concesiones de radio municipales deberán ser de explotación directa. Sin embargo son frecuentes los casos en los que los Ayuntamientos externalizan parte de la parrilla y otras veces ceden o alquilan la gestión a emisores privados, incumpliendo así la Ley estatal y la normativa de adjudicación de licencias. En otras ocasiones son muchos los ayuntamientos que tras obtener la licencia la mantienen inactiva durante años. En ambos casos, las frecuencias deben ser revocadas y salir de nuevo a concurso.

14. Proyectos mancomunados. La puesta en marcha de proyectos mancomunados sería una alternativa para reactivar las emisoras municipales cerradas actualmente en Andalucía por falta de medios. Se potenciaría así la información de proximidad, que ayuda al equilibrio comunicativo frente a la línea informativa única que imponen los grandes grupos financieros y de comunicación, que predominan en un mercado cada vez más monopolizado.

15. Radios comunitarias y radios libres. Se promoverá y se protegerán las llamadas radios comunitarias o radios libres, emisoras sin ánimo de lucro que pertenecen al movimiento asociativo y que tienen como objetivo promover la expresión de ideas y opiniones, impulsar la participación ciudadana y la información local, y por tanto deben ser protegidos. En los concursos de adjudicación se les reservará 1/3 del espectro radioeléctrico.

Empleo y desarrollo del sector

16. Medidas de estímulo al empleo. Considerado en términos porcentuales, el sector de la Comunicación es el que más ha sufrido la crisis, después de la Construcción. Una pavorosa crisis económica, tecnológica y de identidad del periodismo ha provocado más de 1.500 despidos en Andalucía en los últimos años. Proponemos una línea de ayudas a cooperativas de trabajadores de la comunicación, así como ayudas para la subvención de equipos a jóvenes emprendedores o a trabajadores víctimas de un ERE. Asimismo son necesarias medidas de estímulo a la creación de puestos de trabajo en los medios de comunicación.

17. Protección de las y los becarios. Gran parte de la mucha precariedad que se vive en el sector sucede bajo fórmulas de becas o contratos de formación. Al margen de las actuaciones que puedan llevar a cabo las inspecciones de Trabajo, el Gobierno andaluz instará a las facultades de comunicación a optimizar los actuales convenios que tienen con los medios, a través de la figura del tutor y mediante medidas de seguimiento de las y los egresados.

18. Plazas de Periodista en la Administración. A diferencia de otras profesiones, la de
periodista apenas cuenta con puestos de estructura en las administraciones públicas, incluida la Junta de Andalucía. Lo habitual viene siendo que los y las periodistas sean contratados como trabajadores de libre designación, situación en la que algunos pasan décadas. Por ello reclamamos que se creen en todos los gabinetes de Comunicación de las consejerías y organismos públicos dependientes de la administración andaluza, plazas de estructura para periodistas.

19. Definición de Periodista en el SAE. Cuando un periodista acude a la oficina de empleo, el SAE lo inscribe siguiendo la Clasificación Nacional de Ocupaciones del INEM, y esta es dispersa y confusa. Como ejemplo basta citar que el encargado de prensa está asimilado a comisario de policía, gerente de museo o redactor con corrector de editorial. Entre los empleos perfectamente definidos figuran en cambio algunos tan poco comunes como contorsionista, equilibrista o hipnotizador. Todo ello dificulta enormemente la tarea de encontrar trabajo por lo que cambiar esa definición debe ser una tarea prioritaria, en ausencia de regulación profesional como estamos en nuestro país.

20. Estudio de la profesión periodística. La de periodista, al igual que la de los profesionales de la Comunicación, es una profesión desregulada en España. Esta falta de definición y de registro de los profesionales del Periodismo hacen muy complicado conocer el número de parados con exactitud. Y también resulta complicado saber cuántos hay en activo. Por ello propondremos al Gobierno andaluz la realización de un estudio sobre la profesión periodística en Andalucía, en el que se detecte la situación actual de empleabilidad y las necesidades formativas que requieren. El diagnóstico será un buen punto de partida.

Buenas prácticas, formación y transparencia

21. Cláusulas sociales. La administración andaluza deberá incluir en los concursos públicos de concesión de licencias de radio o televisión, así como en los contratos a productoras audiovisuales, empresas o entidades, cláusulas sociales que tengan en cuenta medidas de equidad de género, la diversidad cultural y el derecho a la comunicación de la ciudadanía.

22. Erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. El Gobierno andaluz, junto con los medios de comunicación y las agencias publicitarias deberán promover las medidas necesarias encaminadas a propiciar la igualdad real de hombres y mujeres mediante acciones dirigidas a desterrar la imagen estereotipada de las mujeres, como es la utilización escrupulosa del lenguaje no sexista, igualdad en el trato informativo y la desagregación de datos por sexos, entre otras actuaciones; conciliación de la vida privada y la actividad profesional y la promoción de la corresponsabilidad en condiciones de igualdad; así como seguir las recomendaciones de Naciones Unidas y los Códigos éticos profesionales en el tratamiento informativo de la violencia de género, promoviendo y estableciendo espacios de reflexión que ayuden a generar una conciencia social sobre la necesidad de erradicar la violencia de género.

23. Transparencia en la publicidad institucional. Todas las entidades y administraciones públicas dependientes de la Junta de Andalucía deberán informar en un listado anual de todas las subvenciones, ayudas y publicidad institucional que reparten entre cada uno de los medios de comunicación. Se evitarán así los fondos de reptiles y la tentación por parte de quienes ejercen el poder de influir en la línea editorial de los medios o discriminar a aquellos que son críticos con sus planteamientos.

24. Educación mediática. Proponemos fomentar la existencia de una opinión pública informada, crítica y participativa. Para ello el Gobierno andaluz deberá promover la educación mediática y la educación en medios de comunicación en todos los sectores de la sociedad. Ello implica entre otras cosas campañas específicas sobre el Derecho a la información, así como la educación para el uso responsable de internet, y una visión crítica de los medios, entre otras cosas.

25. Accesibilidad. El Gobierno andaluz, junto con las empresas del sector, promoverán que las personas con discapacidad tengan pleno acceso a la Comunicación, así como unas buenas prácticas que impidan su discriminación. Las personas con discapacidad visual o auditiva tienen derecho a recibir comunicación televisiva subtitulada, audiodescrita o en lenguaje de signos. Asimismo se procurará dar una imagen respetuosa y no discriminatoria de las personas con discapacidad.