El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) quiere llamar la atención sobre las graves consecuencias que para el servicio público de comunicación local supondrá el anunciado Decreto Ley de Mejora de la Actividad Productiva, y que supondrá la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía en aspectos básicos. Un decreto que permitirá la privatización de las emisoras locales públicas, dará alas a la piratería en las ondas y traerá desprofesionalización y precariedad al sector, privando a la ciudadanía del acceso a unos medios de comunicación que ahora son de todos.
Privatización y concentración de medios En primer lugar, la privatización de la gestión de las emisoras municipales supondrá convertir en negocio privado algo que ahora es de todos, privando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de uno de los pocos espacios de que ahora dispone para la participación. Por otro lado, la eliminación de la exigencia de tener estudios operativos en el ámbito territorial abre la puerta a que cualquier emisor, desde cualquier punto de la geografía, pueda utilizar la frecuencia de la radio municipal, aún sin tener estudios ni personal trabajando en el municipio y permitirá utilizar las frecuencias como meros repetidores de señal. Esto va claramente en detrimento del empleo y los contenidos locales.
Degradación del Consejo Audiovisual de Andalucía El decreto anunciado por el Gobierno andaluz prevé asimismo reducir el papel (prescindiendo de sus informes para determinados asuntos) del Consejo Audiovisual de Andalucía, que tiene entre sus objetivos la ordenación del sistema, garantizar la libre concurrencia y evitar la concentración de medios. El Consejo Audiovisual de Andalucía es uno de los dos que existen en España, junto con el de Cataluña, y viene siendo ejemplar en sus actuaciones. España carece de Consejo Audiovisual estatal, lo cual es una anomalía en Europa.
Emisiones ilegales y piratería Uno de los aspectos más sangrantes de este anunciado decreto es la autorización a las empresas para que puedan emitir publicidad en las emisoras aunque éstas no tengan título habilitante. Esto es, hablando en plata, abrir al puerta a la consolidación de las emisiones piratas. Algo poco edificante partiendo de una administración pública. Esto al margen de otras cuestiones que plantea como la posibilidad del “negocio jurídico”, es decir la compraventa de licencias privadas, que han sido concedidas mediante concesión administrativa. En línea contraria a lo que sería deseable: que quien no vaya a llevar a cabo el proyecto que le han concedido lo devuelva para que vuelva a salir a concurso público.
Concentración de medios Todo ello, en suma, viene a contribuir a la concentración de medios en pocos operadores, en detrimento de la información local. También perjudicará a la ciudadanía, que verá restringido su derecho a la participación y la elaboración de contenidos informativos. Se somete así el servicio público de información a las pautas del mercado, bajo el criterio prioritario del beneficio económico. Según datos de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía (EMA), de las más de 300 concesiones municipales que la Junta de Andalucía tiene otorgadas en la actualidad, 123 están operativas y 171 cerradas y 29 en situación de ilegalidad. Según el Laboratorio de Comunicación y Cultura (ComAndalucía) de la Universidad de Málaga, en el territorio andaluz hay 216 frecuencias comerciales: el 50% está en manos de PRISA, el 17,5 pertenece a COPE y el 18,5 a Atresmedia. Dado el panorama actual y puestos a modificar la ley, habría sido deseable que se hiciera para potenciar la independencia profesional mediante consejos profesionales, y para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
PP y Ciudadanos contradicen lo que aprobaron hace un año Un decreto ley así era de esperar de Vox, pero no del Partido Popular y de Ciudadanos, que hace poco más de un año aprobaron por unanimidad con el acuerdo de todos los grupos políticos la Ley Audiovisual de Andalucía, situando a nuestra Comunidad a la vanguardia legislativa de España en la materia. Ley que además fue elaborada en un largo proceso de cuatro años con la participación de medio centenar de entidades del tejido social andaluz, entre ellas el SPA. Un trabajo que ahora se pretende eliminar en gran parte de un plumazo, sin consultar y por vía de urgencia mediante decreto ley. Desde el SPA pedimos a ambos partidos de gobierno que recapaciten y den marcha atrás en este proyecto que consideramos negativo para Andalucía.
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