El ex portavoz del Gobierno y ex asesor del ex presidente José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, se integra en Secuoya, el grupo de comunicación mejor situado para optar a los procesos de privatización que preconiza el Partido Popular para las cadenas autonómicas. Un sector que mueve dos mil millones de euros al año.

Francisco Terrón (miembro de la Junta directiva del SPA)

El pasado 27 de julio los dos principales accionistas del Grupo Secuoya de Comunicación tocaban alborozados la campana del parqué de la bolsa de Madrid. Luego se abrazaban emocionados, como si les hubiera tocado la lotería. Acababan de acceder al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La noticia, ocurrida en periodo estival, tuvo una cierta repercusión en los medios de comunicación. Nada de particular si no fuera porque su presidente y accionista mayoritario, Raúl Berdonés, declaraba poco después que habían salido a bolsa no por problemas de tesorería (en el último año facturaron 21 millones de euros, con un beneficio de 2,5 en el último ejercicio) sino “para presentarnos en los próximos doce meses a esas privatizaciones que están en el discurso político”.

Cobraban así mayor sentido las declaraciones recientes de algunos líderes políticos de la derecha pidiendo la privatización de las televisiones autonómicas, entre los que María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre (“no creo en los medios de comunicación públicos”, ha dicho ésta recientemente) son la avanzadilla. Ambas han anunciado que privatizarán sus respectivas radiotelevisiones autonómicas. Pero este mensaje no está sólo en el discurso político del Partido Popular. La asociación de televisiones comerciales (UTECA) y los grandes grupos de comunicación alientan constantemente en los medios la privatización de las cadenas autonómicas. Secuoya es ahora el mejor situado para competir ante el previsible desguace de un sector que mueve cerca de dos mil millones de euros anuales, diez mil empleos y una potente, variada y dinámica industria audiovisual a través de centenares de productoras en todo el territorio nacional.

Pero ¿quién está detrás de Secuoya? Creado hace tres años, el Grupo Secuoya Comunicación engloba a ocho empresas con 449 trabajadores en las divisiones de contenidos, servicios y marketing. Su presidente, Raúl Berdonés, es propietario del 80 por ciento del grupo, pero no está solo. Le acompañan en el consejo de administración Pablo Jimeno, David Folgado y el que aparece como hombre clave en toda esta operación: el inefable Miguel Ángel Rodríguez. El que fuera portavoz y luego asesor de comunicación de José María Aznar se ha incorporado al grupo poco antes de su salida a bolsa. Un movimiento estratégico sin duda habida cuenta cómo está el patio político. Si bien proclama en su página web que “somos independientes”, Berdonés y su equipo se mueven con evidente mayor soltura en los medios públicos de instituciones donde gobierna el Partido Popular: así, en la actualidad gestiona el servicio de noticias de la IB3 balear, aporta equipos de ENG para los informativos de Telemadrid y para informativos y programas en la TG7, la televisión municipal de Granada.

Pero toda esta operación privatizadora no se podrá llevar a cabo si antes son se despeja el camino. Por un lado, no todo el discurso es uniforme en el Partido Popular. Así, mientras que Cospedal ha anunciado que privatizará la Televisión de Castilla La Mancha, en Galicia y Baleares sus gobernantes se han desmarcado diciendo que no tienen intención de privatizar, como tampoco lo hará, asegura, Javier Arenas en Andalucía con Canal Sur. Claro que también cabe el camino intermedio, el de la externalización de programas, que es donde realmente está el negocio, mientras que lo costoso, los gastos de infraestructura, se pueden dejar en manos del sector público.

Por otro lado, la privatización no es posible con la actual legislación. Para ello será necesario cambiar la Ley General Audiovisual, lo que obliga a esperar hasta las próximas elecciones, ya a la vuelta de la esquina. Una y otra vez se insiste desde distintos ámbitos en que los medios de comunicación públicos son costosos. Y mientras el Estado gasta sumas ingentes de euros del dinero de todos en “salvar” a la Banca, se prepara a la opinión pública para el desguace de los medios de comunicación públicos argumentando que el dinero que se gasta en ellos es un lujo inasumible. Lo curioso es que quienes esto propagan son aquellos que más han contribuido a convertir los medios de comunicación públicos en un lodazal (véase Telemadrid o Canal 9) de manipulación informativa.

Se hace hoy más necesario que nunca apostar por unos medios de comunicación públicos de calidad, al servicio de los ciudadanos y no de sus gobiernos. El camino a seguir es el de Radio Televisión Española y no el que apuntan otros, el de las televisiones privadas, sujetas a los vaivenes del mercado y donde todo vale si hay negocio, en el que se han instalado las televisiones privadas.

NOTA: Este artículo ha sido publicado en el número 38 (octubre) de ‘Luz y Taquígrafos’, publicación del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), perteneciente a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) al igual que el SPA