La anunciada reunión entre la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, con representantes del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y la Asociación de la Prensa de Sevilla sobre la detención de la cámara Ana García ha quedado en casi nada.

Ni la delegada ha aparecido, ha delegado -y nunca mejor dicho- en su jefa de gabinete y en la responsable de Prensa, ni éstas han dado ninguna respuesta a las preguntas que tanto el SPA como la Asociación de la Prensa le hemos planteado sobre los incidentes y actuación de la policía que acabó con la detención de cinco personas en el transcurso de una manifestación contra los desahucios.

Desde la Delegación del Gobierno no se han salido una coma del mensaje oficial de defensa al derecho a la información -faltaría más- y de que toda la actuación está en manos de la justicia y debe ser ésta quien dirima posibles responsabilidades.

De nada han servido los múltiples esfuerzos de los representantes del SPA y de la Asociación de la Prensa de Sevilla en preguntar por las gestiones realizadas desde la Delegación tras la detención de la cámara hasta su puesta a disposición judicial, ni si se le va a pedir a la Policía que retire los cargos que pesan sobre Ana García, tal como le hemos exigido.

Al respecto, el único pronunciamiento de la Delegación ha sido la presunción de que las fuerzas del orden cumplen escrupulosamente con el protocolo procedimental en la defensa de sus funciones (sic), de lo que se deduce que somos los periodistas los que no cumplimos con nuestro deber al intentar informar a los ciudadanos de lo que ocurre.

Por cierto que desde la Delegación tampoco se ha querido entrar en la, cada vez más frecuente, actitud de la policía de intentar evitar a toda costa que los cámaras y periodistas en general seamos testigos de situaciones comprometidas en manifestaciones y protestas ciudadanas. El caso de Ana García ha sido el último ejemplo hasta ahora, pero hay antecedentes en Cádiz con los cámaras de Canal Sur Tv durante las protestas en Navantia, o en Granada, durante la huelga general del 15-N.

Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía consideramos que de poco sirven los llamamientos a la colaboración que también se han hecho desde la Delegación del Gobierno para intentar evitar en el futuro situaciones como la acontecida, si en el caso que nos ocupa dan la callada por respuesta.

Aun así, estamos dispuestos a debatir sobre el derecho a la información y cómo garantizarlo entre todos los ciudadanos, así como a asegurar la labor periodística de los profesionales.

Para ello seguimos reclamando la necesidad de una regulación de la profesión, a fin de determinar quién es periodista, nuestros derechos y nuestras obligaciones.