La Consejería de Interior del Gobierno vasco, con la sorprendente autorización de una juez, investigó las llamadas telefónicas que había recibido durante 11 días un periodista del diario El Correo para averiguar qué agente de la Policía Autónoma le había facilitado una información.

La Consejería de Interior del Gobierno vasco, con la sorprendente autorización de una juez, investigó las llamadas telefónicas que había recibido durante 11 días un periodista del diario El Correo para averiguar qué agente de la Policía Autónoma le había facilitado una información.

La Junta Ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas rechaza y condena esta intromisión en el derecho constitucional que tienen los periodistas a informar a la ciudadanía, que también supone un claro atentado contra el secreto profesional del periodista.

Hace un mes, la Justicia de Andorra permitió a la Policía del Principado intervenir el teléfono móvil de un redactor del Diari d’Andorra para intentar averiguar quién le facilitaba información desde los juzgados o la Fiscalía.

En ambos casos se trata de un claro atentado a los derechos de los periodistas a recabar información y de la ciudadanía a recibirla.

El Correo publicó que un presunto colaborador de ETA había sido avisado de que iba a ser detenido por la Ertzaintza, tres días antes de llevar a cabo esa operación policial. En el caso de que hubiera existido un delito de revelación de secreto – cosa que no ha sucedido, porque el caso ha sido archivado por otro juez – lo habría cometido un agente de la Ertzaintza y nunca el informador, que se ha limitado a recabar información veraz a través de sus fuentes para transmitirla.

La FeSP condena estas prácticas y lamenta que el Gobierno vasco no haya tenido inconveniente en intentar conocer las fuentes de un periodista para investigar un asunto interno.