La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), miembro de la FeSP junto con el SPA, ante la posibilidad de que se acepte el proceso concursal iniciado por los propietarios de La Gaceta de Canarias muestra su rechazo a dicha situación debido a que supondría alargar la agonía y asfixia económica a la que ha sometido el empresario, Fernando Peña, a la plantilla de trabajadores en los últimos meses.

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), miembro de la FeSP junto con el SPA, ante la posibilidad de que se acepte el proceso concursal iniciado por los propietarios de La Gaceta de Canarias muestra su rechazo a dicha situación debido a que supondría alargar la agonía y asfixia económica a la que ha sometido el empresario, Fernando Peña, a la plantilla de trabajadores en los últimos meses.

Hay que recordar que muchos trabajadores ya soportan impagos de casi tres meses con las consecuencias que cualquier persona puede entender y, aún así, cumpliendo con su trabajo cada día .

La aceptación de este proceso, para que las empresas editoras se acojan a la Ley Concursal (la antigua suspensión de pagos), por parte de los tribunales mercantiles podría poner a 60 personas en la situación de estar sin percibir su salario durante más de cinco o hasta seis meses, puesto que a los ya casi tres meses de deuda que se acumulan, la lentitud del proceso forzaría que al menos en dos meses más ningún trabajador percibiese un solo euro.

UPCC quiere aclarar que las empresas Periódicos y Ediciones de las Islas Canarias y Periódicos y Revistas de las Islas Canarias, ambas del auténtico culpable de toda esta situación el empresario Fernando Peña, se intentan acoger mediante su comparecencia en los Juzgados a la Ley Concursal de forma voluntaria, y no forzados por ninguno de sus acreedores.

Para el sindicato de los profesionales de la comunicación, la decisión se sustenta en la estrategia de huída hacia delante y engaños a los que ha sometido este empresario a los trabajadores, algunos proveedores y a otras entidades.  

Considera, asimismo, que la Ley Concursal no puede convertirse en la excusa y el refugio de aquellos que, una vez han usado un juguete durante once meses para sus intereses, lo dejan en el suelo roto y despedazado por su impericia y nula formación. Condenar a los trabajadores a estar cinco meses seguidos sin cobrar un solo euro es forzar que día a día vayan presentando su baja voluntaria en el caso de que consigan encontrar otro empleo.

Durante este proceso, para más inri, los trabajadores que abandonen La Gaceta de Canarias al no tener ingresos, no podrán ni percibir la prestación por desempleo. Se trata, según UPCC, de una decisión que pretende vaciar lentamente de personal el medio de comunicación y no tener que responder por las múltiples demandas que en los juzgados de lo Social se están presentando por los impagos a trabajadores.

La intención de aprovechar de esta situación quedó perfectamente clara en una reunión mantenida ayer, por parte de la representación legal de la empresa, en la sede de Las Palmas de Gran Canaria. En dicha cita el abogado de la empresa intentó presionar a los trabajadores explicando su estrategia al respecto, y dejando bien claro que la empresa no va despedir a nadie, que quien se quiera ir lo hará de forma voluntaria y que, muy importante para nosotros, insistió varias veces en que se irá sin derecho a la prestación por desempleo.

El propietario de ambas empresas, Fernando Peña, ostenta aproximadamente el 70 por ciento de las acciones de un grupo, el Grupo Salatín, que en los medios de comunicación del Archipiélago ha amenazado de demandar a quien vincule los problemas de La Gaceta de Canarias con sus actividades.

UPCC advierte de que la aceptación de la aplicación de la Ley Concursal sería, además de la condena definitiva al periódico La Gaceta de Canarias y sus trabajadores, una injusticia al evitar que el empresario, que se comprometió a respaldar financieramente el proyecto durante cinco años (hasta 2012) tenga que responder de su mala gestión y de decisiones incomprensibles que han sido a la postre las que fundamentan la decisión de presentar el concurso ante los juzgados.