Porque ahora más que nunca las y los periodistas son imprescindibles para la democracia y la sociedad, porque son los encargados de facilitar a la ciudadanía toda la información veraz y contrastada que necesita, el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y los sindicatos de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) hacen un llamamiento al Gobierno, empresarios y organizaciones de periodistas para buscar juntos soluciones a un problema que afecta directamente a la democracia: el derecho a la información.

El trabajo de los y las profesionales de la información es especialmente necesario en tiempos de crisis como el actual, en el que proliferan las informaciones sin contrastar y los bulos difundidos a través de las redes sociales. La labor social que deben desempeñar los medios de comunicación es de primera necesidad, como lo demuestra el notable incremento de las audiencias que han registrado los medios de comunicación desde que se inició esta crisis sanitaria.

Las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo han afirmado recientemente, en un documento conjunto: “La salud humana depende no sólo de una atención médica accesible. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a uno mismo, a su familia y a su comunidad”, han indicado.

En esa misma línea se ha pronunciado la Federación Europea de Periodistas (FEP) -de la que forma parte la FeSP y el SPA-, que ha hecho un llamamiento a los responsables políticos y sociales de la Unión Europea y de los Estados que la integran para que promuevan de forma conjunta una respuesta a “las medidas contraproducentes e injustas” que han empezado a adoptar algunas empresas de comunicación, como recortes salariales o de horas de trabajo y expedientes de regulación temporal de empleo.

Ayer, el empresario Javier Moll, propietario de Prensa Ibérica, al que pertenecen las cabeceras del Diario Córdoba y Opinión de Málaga entre otros medios no andaluces, comunicó a las plantillas de sus empresas el inicio de expedientes de regulación temporal de empleo, que se suman al rosario de despidos y al cierre de varios medios que ha llevado a cabo desde que compró el Grupo Zeta en 2019.

El SPA y la FeSP valoraN los acuerdos que ha ido aprobando el Gobierno y las comunidades autónomas para ayudar a empresas y trabajadores, pero la gravedad de la situación obliga a adoptar más medidas de apoyo, para evitar que esta crisis sanitaria provoque una crisis económica de consecuencias incalculables, con la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo y el cierre de empresas y comercios.

Sin olvidar la protección que necesitan todos los sectores, SPA y FeSP, consideran urgente y necesario que el Gobierno ponga en marcha un plan de ayudas -condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo- que permita sobrevivir a los medios de comunicación, recabando las autorizaciones que sean necesarias de la Unión Europea. La democracia no puede permitirse que el derecho a la información de la ciudadanía se vea gravemente perjudicado por la falta de apoyo a quienes tienen la obligación de hacer que ese derecho se cumpla: los profesionales del periodismo de todos los medios de comunicación, tanto grandes como pequeños, de ámbito estatal, regional o municipal.

Hay que insistir, una vez más, en que el colectivo con más precariedad en el mundo de la información es el integrado por miles de colaboradores de los medios, periodistas a la pieza y freelances, porque si no les encargan trabajos debido a la crisis no cobran y, además, no tienen ningún derecho, ayuda ni protección. Es urgente que el Gobierno regule a este colectivo -como hicieron hace muchos años países de la Unión Europea como Francia o Italia, entre otros- y lo incluya en el Régimen General de la Seguridad Social, con cuotas proporcionales a sus ingresos y la cotización que corresponda a las empresas.

En situaciones de crisis tan excepcionales como la actual, el Gobierno debe buscar la manera de poner en marcha medidas de apoyo también excepcionales para los medios de comunicación y la protección de los puestos de trabajo. Y ésta debe ser una tarea de todos los sectores implicados, porque afecta directamente a uno de los pilares de la democracia: el derecho a la información. Por eso, el SPA y la FeSP muestran su disposición a participar en la búsqueda conjunta de soluciones, y hace un llamamiento al Gobierno para que ponga en marcha los mecanismos necesarios para llevar a cabo entre todos esa tarea.