El SPA manifiesta su preocupación por la orden judicial para identificar a periodistas de un chat privado

El SPA manifiesta su preocupación por la orden judicial para identificar a periodistas de un chat privado

Recordamos que la preservación y confidencialidad de las fuentes informativas es pieza básica de la libertad de prensa y el derecho a la información 

Ante la decisión del Juzgado de Instrucción Número 5 de Granada que ha pedido a la Policía identificar a los 103 periodistas que forman parte de un chat privado y el medio para el que trabajan, en relación con la querella criminal presentada por el juez Manuel Piñar contra el abogado Carlos Aránguez a raíz del caso Juana Rivas, el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) quiere manifestar su preocupación por lo que este tipo de prácticas pudieran afectar al secreto profesional y la preservación de fuentes a que estamos obligados los profesionales del periodismo y la comunicación. 

Desde el SPA agradecemos la nota hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclarando que no se investiga a periodistas, pero nos preocupa la intromisión en un grupo privado de profesionales de la comunicación cuyo único objetivo es compartir información entre ellos y con sus fuentes. En este caso al parecer se ha utilizado un pantallazo como indicio de delito y esto ha desencadenado la orden judicial a la Policía para que se identifique a los participantes en el citado chat, en lo que a primera vista podría parecer una investigación prospectiva. Recordamos que al igual que el chat denominado Periodistas Aránguez Abog existen varios más en Granada, y que constituyen una práctica habitual en la profesión. Chats que, lejos de ser un medio de comunicación donde su publican noticias, constituyen un instrumento de carácter privado y confidencial donde los periodistas compartimos información entre nosotros y con nuestras fuentes, en el caso que nos ocupa un abogado. Y que son utilizados también para aclarar dudas y contextualizar las informaciones.

Lamentamos igualmente que se haya filtrado, como parece, el contenido de parte de esas conversaciones que, recordemos, son privadas. Los y las periodistas tenemos el deber de confidencialidad y preservación de nuestras fuentes, pues este es uno de los principios básicos de la libertad de prensa y del derecho a la información a que alude el artículo 20 de nuestra Constitución. Lamentamos también que se ordene citar a declarar a uno de los periodistas participantes en el citado chat.

Por último, el Sindicato de Periodistas de Andalucía pone su gabinete jurídico a disposición de los compañeros y compañeras periodistas en el caso de que a lo largo de este proceso judicial sean citados a declarar. Y esta misma mañana, ha presentado una queja ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla por esta injerencia que contribuye a debilitar la libertad de prensa y el derecho a la información, pilares básicos de nuestro estado de derecho y de nuestra democracia.