El sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) denuncia que la normativa sobre la distribución de la prensa gratuita, recién aprobada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es un atentado flagrante contra la libertad de expresión que protege la Constitución española. Tras estudiar el contenido de dicha ordenanza municipal, esta organización muestra su total rechazo a que se anteponga la necesaria limpieza de las vías públicas frente a un derecho fundamental como éste.

El sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) denuncia que la normativa sobre la distribución de la prensa gratuita, recién aprobada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es un atentado flagrante contra la libertad de expresión que protege la Constitución española. Tras estudiar el contenido de dicha ordenanza municipal, esta organización muestra su total rechazo a que se anteponga la necesaria limpieza de las vías públicas frente a un derecho fundamental como éste.

Los trabajadores de la comunicación de Canarias afirman que “no debemos dejar pasar esta situación sin explicar a los ciudadanos la gravedad de esta medida. La ordenanza promovida por el concejal del Partido Popular (PP), Ángel Llanos, demuestra el espíritu y la forma en la que algunos entienden el ejercicio del poder. Curiosamente, este edil en virtud del gasto que hace en materia de publicidad y propaganda, en sus variadas formas, aparece reflejado constantemente en las páginas de muchos de los periódicos gratuitos que existen, desde hace tiempo, en la capital tinerfeña. Precisamente en su defensa de esta ordenanza represiva, Llanos señaló que la prensa gratuita “es una actividad incipiente”, nada más lejos de la realidad, cuando en Santa Cruz existe prensa local gratuita que se distribuye desde hace más de ocho años. Asimismo UPCC señala que “los vecinos de Santa Cruz deben saber que, a partir de la puesta en marcha de esta normativa, el ayuntamiento decidirá qué prensa se puede distribuir y por lo tanto leer en el municipio. Será necesario una autorización municipal para repartir estos periódicos, permiso que puede ser revocado unilateralmente “por interés público”, una peligrosa valoración subjetiva que también decidirá el consistorio”.

El sindicato sostiene: “Además de los derechos de los ciudadanos de la capital tinerfeña, la normativa también ataca la libertad de prensa, un concepto del que muchos hablan y pocos conocen, pero que está garantizado por la existencia de empresas que libremente deciden sacar adelante un medio de comunicación conforme a sus líneas editoriales e intereses, respetando el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, plural y completa. Con esta ordenanza esa libertad choca contra el control que pretenden imponer los mandatarios municipales sobre los periódicos que se reparten gratuitamente en el municipio.

El sindicato considera que el control al que sí se debe someter a algunas empresas que elaboran y distribuyen periódicos gratuitos debería comenzar por el cumplimiento con sus obligaciones ante los trabajadores, si están al día en sus tributos, pagos a la Seguridad Social y si respetan la legislación en materia de propiedad intelectual.

Por último, esta organización sindical independiente y de carácter autonómico, asegura no entender el silencio que mantienen en este asunto otros colectivos profesionales del mundo de la comunicación en Canarias ante tamaño disparate. De momento, UPCC elevará a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) esta queja para estudiar otro tipo de acciones en contra de semejante intento de vulneración de un derecho fundamental que los españoles disfrutamos gracias a nuestra actual Constitución.

Más información en www.upccanarias.com