La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su preocupación ante el anuncio de la Delegación del Gobierno en Madrid de pedir al Ministerio del Interior que otorgue una acreditación identificativa única para todos los profesionales de la información que cubran manifestaciones y otros actos en la calle. Mientras la profesión periodística no esté regulada por ley en España, como lo está en el resto de Europa y en otros muchos países, ningún organismo oficial tiene competencias para decir quién es periodista ni para otorgar un carné.

Hace años que la FeSP y otras organizaciones vienen reclamando la regulación por ley del periodismo, pero el Gobierno de Aznar, primero, y el de Zapatero, después, no han querido resolver este asunto para no enfrentarse a los grandes grupos de comunicación, que defienden que “la mejor ley de prensa es la que no existe”. Esta actitud estaba justificada en la dictadura frente a la férrea censura franquista, pero es totalmente rechazable en un sistema democrático porque supone implantar una “ley de la selva”.

Mientras el Parlamento no apruebe esa ley, cualquier decisión que adopte una autoridad administrativa para dar acreditaciones identificativas, o cualquier iniciativa de organizaciones privadas -aunque éstas estén guiadas por el deseo de resolver un problema cada vez más frecuente en la calle-, carecen de respaldo legal.

No se puede decir que hay quien utiliza «carnés falsos» porque en España no existe un «carné oficial» de periodista al que suplantar. Hay que denunciar a quienes pretendan hacerse pasar por periodistas profesionales sin serlo, pero no se deben defender decisiones que podrían llevar a impedir el trabajo a colaboradores sin contrato, reporteros “freelance” y a la pieza y periodistas de medios alternativos y comunitarios, que tienen los mismos derechos que los de medios comerciales o públicos, por muy poderosos que sean estos.

Mientras el Gobierno no promueva una ley al respecto, instamos al Ministerio del Interior a que convoque a todas las organizaciones profesionales y sindicales representativas del sector para buscar una solución, como se ha hecho ya en alguna comunidad autónoma. Lo que no debe es adoptar decisiones que pueden atentar contra el Derecho a la Información y a la Comunicación de la ciudadanía y que, por tanto, serían inconstitucionales.