Propuestas del Sindicato de Periodistas de Andalucía

Propuestas del Sindicato de Periodistas de Andalucía

La profesión periodística está atenazada en estos momentos por la precariedad laboral y profesional que es preciso erradicar. La desregulación que vive  la profesión en Andalucía, al igual que en el resto del Estado español, es causa de sorpresa en Europa cuando se acude a foros internacionales, como nos pasó a mediados de este mes de noviembre en el Segundo Foro Social Europeo celebrado en París, cuando describimos la situación que viven los y las periodistas en nuestro país.

Después de décadas de repetir que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, se precisa  una legislación que ampare todos los derechos profesionales de los y las  periodistas, sobre la base de proteger el derecho ciudadano fundamental a la información, y que establezca unos mínimos laborales obligatorios, sin los cuales nadie puede garantizar el ejercicio libre de la profesión. A esta regulación legislativa la hemos llamado Estatuto del Periodista Profesional al igual que presentamos una  Propuesta de Ley de Derechos Laborales, ambas aceptadas  por parte de las organizaciones de periodistas de toda España y refrendadas en la II Convención de Periodistas, organizada por el Foro de Organizaciones de Periodistas en mayo de 2000 en Valladolid. Para el SPA, su implantación será un objetivo prioritario.

Las  principales reivindicaciones del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y de los sindicatos miembros de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP),  que se resumen en los siguientes objetivos:

EN EL MARCO LEGISLATIVO
1.- Forzar la aprobación legislativa del Estatuto del Periodista Profesional y la regulación laboral del periodista a la pieza.
2.- Luchar por la modificación de las leyes reguladoras de los medios públicos -estatales, autonómicos y locales- y la creación de una autoridad del audiovisual independiente.
3.- Perseguir la reforma de las normas reguladoras del cobro por derechos reprográficos. Exigir el cumplimiento íntegro de la Ley de la Propiedad Intelectual y regular el uso de Internet en materia de derechos de autor.
4- Exigir la regulación de la enseñanza del Periodismo, como enseñanza universitaria exclusiva y reconducir su crecimiento insensato.
EN EL MARCO REIVINDICATIVO
5.-Forzar la negociación colectiva sectorial de la Comunicación en sus tres sub-sectores: Prensa y Agencias, Radio y Televisión.
6.-Impulsar la creación de Consejos de la Información que velen por el cumplimiento del Código Deontológico.
7.-Exigir la formalización de las patronales de los tres sectores.
8.-Exigir la contratación de los y las periodistas que hoy forman plantillas “encubiertas” o “paralelas”.
9.-Forzar la introducción de Estatutos de Redacción en los convenios de empresa y en la negociación de los convenios sectoriales.
10.-Velar por la auténtica igualdad de sexos en las Redacciones y en la escala de responsabilidades.
11.-Forzar la regulación de las prácticas estudiantiles para que no invadan el ámbito laboral.
EN EL MARCO COMUNITARIO EUROPEO
12.- Forzar una legislación antimonopolios.
13.- Afianzar las políticas de protección de los medios públicos.
14.- Reforzar las cuotas de producción propia y del espacio cultural europeo.
15.- Perseguir una regulación de garantías mínimas -laborales y profesionales- del periodista profesional europeo.
16.- Defensa del Código Europeo Deontológico de Periodismo.

*********************

REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA
Ante la situación que se vive en estos momentos en los medios de comunicación y gabinetes de comunicación de Andalucía, se hace imprescindible la regulación de la profesión periodística tanto en sus aspectos contractuales y de derechos de autor, como en los de carácter más estrictamente profesional, ligados a los valores de independencia, veracidad y a cuantos afecten al derecho de la ciudadanía a una información libre y completa.
En los aspectos más estrictamente laborales nuestra reivindicación se centra  en primer lugar  en  la contratación de aquellos y aquellas profesionales que hoy, en fraude de ley, ejercen la profesión con modalidades diversas de cobro pero sin estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social y que cumplen los criterios estrictos de toda y todo trabajador de plantilla. Nos referimos a las redacciones paralelas o camufladas. Para estas personas sólo exigimos el cumplimiento estricto de la ley y la incorporación de pleno derecho en las categorías redaccionales correspondientes de las empresas en las que prestan sus servicios. Y en segundo lugar exigimos la regulación de todo colaborador o colaboradora  que ejerza la profesión por encargo explícito de las empresas y que perciba sus contraprestaciones con cobro a la pieza. Requerimos para ellos y ellas, el alta al régimen general de la Seguridad Social.
En el terreno de la precariedad laboral, si bien es cierto que es esta una cuestión que tiene que resolverse en el ámbito legislativo y de la negociación colectiva, a la vez se puede articular desde el Gobierno andaluz medidas que contribuyan a acabar con esta situación.  Si bien se habla de la precariedad laboral como uno de los principales problemas del siglo XXI, la regulación no sólo puede y debe venir estatutariamente sino también laboralmente. En este sentido,  la Junta de Andalucía debe adoptar compromisos serios a la hora de promover la cultura del diálogo y la concertación social en la estructura de las empresas de comunicación, basándose en sus competencias laborales. Un colectivo profesional “cautivo” laboralmente es más propicio a ceder a las presiones de los grandes poderes económicos y políticos. Resulta clamoroso que la profesión periodística no tenga un convenio del sector. La  creación de un Colegio Profesional -como ya tienen Cataluña y Galicia-contribuiría a dignificar la profesión y a mejorar sus condiciones laborales.

REFORMA DEMOCRÁTICA DE LOS MEDIOS
Desde el SPA venimos defendiendo en Andalucía, desde nuestra constitución como Sindicato -diciembre de 1999-,  la función social de los medios de comunicación, y de manera especial de los medios públicos, que han de estar al servicio de la ciudadanía y han de ser además instrumentos que contribuyan a la promoción de los valores democráticos. Algo tan obvio sin embargo no se cumple en España, uno de los pocos países europeos que no tiene regulado el control de los medios de comunicación públicos. Sólo un pacto de Estado entre fuerzas políticas y sociales permitirá democratizar los medios en Andalucía y en el resto del Estado, donde se siguen rigiendo por un status predemocrático, lo que constituye un caso único en el contexto europeo. Los distintos medios públicos españoles están mediatizados por el poder político, lo que les impide cumplir con sus funciones de servicio público.
En el documento del SPA-FeSP titulado “Por una reforma democrática de los medios de comunicación”, que adjuntamos,  presentado este pasado mes de julio en la sede de la RTVA ante representantes de diversos colectivos sociales y profesionales de Andalucía, se plantea la necesidad urgente de definir legalmente las funciones de servicio público que deben cumplir los medios de comunicación públicos. También incide en la necesidad de una financiación estable mediante contratos-programa plurianuales, que permitan cumplir las líneas de su programación como servicio público plural e independiente del poder político. Para que estos objetivos sean posibles es necesario que los partidos políticos dejen de considerar como propios a unos medios que son de todos. En este sentido y citando al profesor González Encinar, “el modelo de televisión pública española es una momia del franquismo“.

CONSEJO AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE
Desde los sindicatos que integramos la FeSP, proponemos la creación de un Consejo Audiovisual Independiente, como los que existen en el resto de la Europa comunitaria, que tenga competencias de vigilancia sobre el sistema audiovisual general, incluyendo las televisiones privadas, que vele por los contenidos, preserve los valores que sustentan nuestro sistema democrático y tenga capacidad sancionadora. Para evitar que en la práctica los medios públicos sean medios de partido, proponemos que sus directores generales sean nombrados por el parlamento, mediante consenso o mayoría cualificada y por un periodo superior al que duran las legislaturas. Reclamamos un modelo de televisión que nos aleje del actual, cuyo máximo exponente es TVE -condenada por los tribunales por manipulación- y nos aproxime al modelo de la estatal BBC británica, cuya independencia le lleva a enfrentarse, si es necesario, a los gobiernos de los que depende en defensa de la objetividad y la veracidad informativa. También se propone la creación de Consejos de Redacción que garanticen la democracia en las redacciones y amparen la cláusula de conciencia y el secreto profesional, y todo ello porque la información no es una mercancía, es un servicio esencial y es propiedad inalienable de la ciudadanía.
Asimismo consideramos necesario llevar la democracia a las redacciones, mediante la creación de Consejos de Redacción en la Radio Televisión de Andalucía, así como en las radios y televisiones locales, que permitan a los profesionales tener un papel activo en la defensa de los valores que inspiraron la creación de la RTVA y del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Unos estatutos que permitan a los profesionales trabajar con independencia, y salvaguarden la cláusula de conciencia y el secreto profesional. La existencia de estatutos de redacción en los medios privados –casi inexistentes hoy- es fundamental para la salud democrática de nuestro sistema político y social. Esta, aunque somos conscientes de que es una cuestión que habrán de resolver en la negociación colectiva sindicatos y empresas, hay que proclamarlo desde el gobierno y propiciarlo con medidas favorecedoras. Si se está subvencionando a las empresas periodísticas por determinados conceptos, ¿porqué no vincular esas subvenciones a que tengan consejos de redacción, o primar aquellos medios que los tengan?

MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL
Ese modelo democrático hay que hacerlo extensible a las radios y televisiones locales que son también públicas. Sabidas son las dificultades que existen para poder acabar, o al menos tratar de erradicar todos estos males que afectan, en su conjunto, al carácter que debe guiar a las emisoras locales, produciéndose en numerosos casos la irrupción de emisores que atentan contra cualquier norma ética o el mínimo código deontológico periodístico, con la difusión de auténticas programaciones “basura” que en nada contribuyen a elevar el nivel cultural de los andaluces, ni a preservar los valores fundamentales de nuestra sociedad.
En este sentido el SPA pide a la Junta de Andalucía que disponga todos los esfuerzos a su alcance, y los incremente si es preciso,  para llevar a cabo, con toda la intensidad posible, las labores de inspección y control de las emisoras locales, utilizando todo el peso de la Ley y haciendo cumplir las resoluciones que puedan derivarse de los resultados obtenidos en ellas. Todo esto, sin duda, contribuirá de forma determinante a la consecución de un espacio radioeléctrico cuyos contenidos sean mucho más democráticos, justos y acordes con las necesidades y anhelos del pueblo andaluz.

GABINETES DE COMUNICACIÓN
Se hace necesario establecer también criterios sobre el acceso al empleo público en los puestos de trabajo de periodista, tanto en RTVA como en radios y televisiones locales y gabinetes de comunicación. Los profesionales de la información de Andalucía deben tener posibilidades de acceder a esos puestos con criterios de igualdad, capacidad y mérito. No es aceptable que la Radio Televisión Pública andaluza, por ejemplo, lleve más de 14 años sin convocar oposiciones libres, y que tampoco exista bolsa de trabajo para periodistas, lo que propicia irregularidades en no pocas contrataciones.
Otro tema olvidado en nuestra profesión son los y las profesionales que ejercen el periodismo en los gabinetes de comunicación, profesionales cuyo número va en aumento y que, al igual que los que ejercen en los medios de comunicación, sufren una grave desregulación. En este sentido manifestamos la urgencia de crear por parte de la administración pública andaluza, tanto autonómica como local,  plazas para periodistas al amparo de la Ley de la  Función Pública y con acceso mediante oposición libre,  con independencia de aquellos profesionales del periodismo que puedan ser contratados con carácter eventual como cargos de confianza según estipula  la Ley.
La necesidad de un cuerpo de periodistas en la administración pública se basa  en la  importancia de la figura de este profesional como interlocutor entre la sociedad y la administración, dando así cumplimiento a uno de los deberes fundamentales que tiene la administración, como es hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a estar informada.  Es por tanto inadmisible que la Junta de Andalucía, así como los ayuntamientos y diputaciones de nuestra Comunidad  no creen un cuerpo de periodistas al igual que tiene cuerpos de ingenieros, abogados, etc. En estos momentos se está impidiendo la profesionalización de este servicio creando de esta manera trabajo en precario para los y las periodistas que ejercen en la administración. Se hace imprescindible pues que los criterios profesionales de servicio público, que debe garantizar la administración, se impongan definitivamente.

REGULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
Debe velarse asimismo por el uso correcto de las prácticas estudiantiles en las empresas, combatiendo la tendencia a convertir a las y los alumnos en mano de obra gratuita o muy barata, ocupando puestos estructurales en las empresas o eliminando el trabajo temporal que tradicionalmente sustituía a periodistas de plantilla en determinadas épocas o supuestos. Salvo honrosas excepciones, entre las que se cuenta la RTVA, las prácticas encubren un sistema de explotación totalmente reprochable y no cabe cerrar los ojos ante este abuso conocido por todos. Así se le ha hecho saber a los decanos de facultades de Periodismo de toda España, en la Conferencia Anual de Decanos, celebrada en noviembre en Sevilla, en la que el SPA informó de la propuesta elaborada por el SPA junto al resto de los sindicatos miembros de la FeSP.
Respecto a las prácticas de Periodismo en las empresas públicas, la Junta de Andalucía deberá primar los convenios con Universidades y centros de enseñanza públicos de Andalucía. Se frenaría así la tendencia creciente, en la que el porcentaje de alumnos procedentes de master y cursos realizados en empresas privadas –que dicen en muchos casos estar acreditados por universidades extranjeras desconocidas aquí- están cerrando el paso a los estudiantes de las facultades andaluzas, que no siempre tienen las mismas posibilidades en las empresas privadas. Se trata de estudiantes a los que se les ha exigido una alta nota en el expediente académico para cursar sus estudios, frente a los de las escuelas privadas, donde no se suele exigir nota de acceso y sí una fuerte contraprestación económica.

PRESTIGIAR LA PROFESIÓN
En esta reunión de decanos, así como en todas las reuniones mantenidas entre el SPA y los decanos de las Facultades de Comunicación, se ha destacado la necesidad de prestigiar estos estudios.  Este empeño en prestigiar la profesión y a sus profesionales no se puede circunscribir sólo a las universidades, sino que somos los propios profesionales así como las administraciones y empresas, quienes debemos trabajar por ello y mantenernos vigilantes. En este sentido cabe destacar desaciertos del tipo de cursos, master o expertos que, no dando la calidad debida cuentan con el apoyo de la Administración Andaluza.
Un ejemplo de esto último lo tenemos en el “Experto Universitario en Comunicación” que ha comenzado a impartir la Universidad de Granada en colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Delegación de Gobernación de Granada y Canal Sur, en la que en seis meses dice formar a profesionales de la información y la comunicación, “conciliando sus aspectos prácticos y teóricos –dicen los promotores- que permitirá formar profesionales capaces de desarrollar su labor en: periodismo, comunicación empresarial, publicidad, relaciones institucionales, imagen corporativa, comunicación política y comunicación audiovisual”. Es decir, lo que se aprende durante toda una carrera de cuatro o cinco cursos académicos y  años de ejercicio, se oferta ahora en solo seis meses, bajo una publicidad distribuida a bombo y platillo que a todas luces es engañosa. Esto solamente viene a fomentar el intrusismo profesional y el descrédito de la profesión.

POR UNA PARIDAD REAL EN LAS REDACCIONES
Desde el SPA entendemos que debe velarse  por una auténtica igualdad de sexos en los trabajos redaccionales y en la escala de responsabilidades, dado que mientras aumenta el número de compañeras en las redacciones, sigue existiendo discriminación. Desde el SPA venimos reivindicando a los gobiernos autonómico y local, que  trabajen de forma efectiva por una igualdad  real y cotidiana que rompa de una vez por todas con la discriminación que sufren hoy día muchas mujeres  en nuestro país y en el caso que nos ocupa, a las mujeres periodistas.  Un repaso a la Agenda de la Comunicación evidencia la discriminación que prevalece, no sólo en medios de comunicación privados sino, y lo que es más grave, en aquellos medios de  todos y todas las ciudadanas de este país, los medios públicos. Es preciso  que los medios de comunicación, públicos y privados,  se sensibilicen y actúen en consecuencia, corrigiendo la desigualdad que puedan existir en sus redacciones. Sin la complicidad de los medios de comunicación social y de las propias instituciones, difícilmente se puede alcanzar una sociedad más justa, equilibrada y paritaria.

GLOBALIZACIÓN
La concentración de medios y creación de grandes corporaciones multimedia plantea nuevos y graves problemas que necesita nuevas reflexiones y respuestas tanto por parte de los sindicatos como de las empresas, administraciones  y universidades.  La tendencia a convertir al periodista en un “proveedor de contenidos” para uso de todos los soportes a la vez, desvirtúa medios y géneros y desvincula al periodista del producto final resultante. La asunción de todo tipo de nuevas tecnologías crea un gran número de polivalencias, convirtiendo al periodista en hombre y mujer-orquesta, que invade multitud de funciones técnicas y el espacio de muchos oficios colaterales.
Ese uso polivalente y globalizador del periodista se contradicen con el empeño de los grandes grupos en crear sociedades distintas para cada nuevo producto, con lo que la relación contractual de los y las informadoras no se ajusta a derecho cuando se producen trasvases de contenidos en los distintos soportes informativos de unas cabeceras a otras de naturaleza mercantil distinta. El uso generalizado de Internet suma a todo ello nuevos y decisivos retos en el respeto a los derechos de autor, sin olvidarnos de que los derechos reprográficos derivados del impuesto sobre fotocopias sigue sin llegar a los periodistas españoles.
Desde el SPA rechazamos la globalización traducida en imperialismo informativo -tanto contra los países del Sur como contra el marginado Cuarto Mundo del Norte- y en fábrica de pensamiento único y de control social. Frente a la dominación de los grandes medios estadounidenses y europeos, que condena a los países pobres a ser descritos e interpretados desde el mismo mundo rico que los explota. Reivindicamos el carácter social de los medios y la condición de bien social -de ningún modo mercancía o mero espectáculo- de la información, así como la participación en ellos de la sociedad civil, a la que, como sujeto activo que debe ser en cualquier sistema democrático, corresponde un papel protagonista en el proceso noticioso.

Andalucía, febrero 2004

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.