Señorías, en primer lugar, gracias en nombre del sindicato de Periodistas de Andalucía por haber tenido a bien llamarnos a comparecer en el trámite de audiencia de la Ley Audiovisual de Andalucía. Quienes estamos hoy aquí, Clara Aurrecoechea, Patri Díez y Francisco Terrón, somos parte del equipo de nuestro sindicato que ha trabajado con entusiasmo haciendo aportaciones a esta ley de la que estamos orgullosos por lo que aporta pero también de la que esperamos bastante más, en esta que consideramos una oportunidad histórica para colocar el sector audiovisual andaluz en la vanguardia de España.

Aún con todas sus limitaciones legales, pues no olvidamos que el sector radioeléctrico es una competencia compartida cuya regulación básica normativa corresponde al Estado. Y ello habrá de hacerse sin perder de vista también la nueva directiva audiovisual que está elaborando el Parlamento europeo, que una vez aprobada obligará a los países de la Unión a introducir modificaciones de calado que van a afectar, entre otras cosas, a la normativa publicitaria, la adaptación de las obligaciones de los nuevos operadores en internet, y la regulación de las plataformas para la distribución de vídeos, lo que necesariamente implicará cambiar la actual Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. Todos estos cambios que se están ya produciendo y los que se avecinan, esperamos que se hagan preservando sobre todo el buen periodismo y el derecho a la información de la ciudadanía.

Pero permítanme que empiece hablando de nosotros, los andaluces. Dice nuestro Estatuto de Autonomía, artículo 207, que los poderes públicos velarán por el derecho a la libertad de expresión y por el derecho a una información independiente, plural y veraz. Recogieron así nuestros legisladores el espíritu del artículo 20 de nuestra Constitución y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuyo  Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística señala que la información no es una mercancía sino un derecho humano fundamental de la ciudadanía, que es la verdadera propietaria de la información. Que ésta, la información, tiene que ser fiable, veraz de calidad. Y que corresponde a los poderes públicos establecer las garantías para que ello sea así.

Pues bien. ¿Saben ustedes qué está pasando en estos momento en las redacciones, en los medios de comunicación y en la sociedad andaluza con este derecho fundamental a la información? Pues que está siendo pisoteado, sobre todos en las empresa pequeñas, y como podrán adivinar, una parte muy importante de esto ocurre en el ámbito audiovisual.

Sólo con citar algunos de los datos que nos hacen llegar nuestras compañeras y compañeros del sindicato que están en las redacciones y en los pequeños medios de comunicación se harán una idea sus señorías de cuál es la situación en el sector:

• Cierre de emisoras y despidos argumentando falta de rentabilidad cuando los profesiones quieren mantener su independencia.
• Emisiones ilegales, incluso hay un mercado de compraventa del espacio radioeléctrico pirateado
• Emisoras municipales que tienen adjudicadas licencias y que no utilizan.

• Externalizaciones de emisoras púbicas, en contra de lo que establece la ley, muchas veces porque es la manera mas fácil de influir en los contenidos… Y así podríamos seguir, bastante más allá del tiempo que hoy tenemos asignado.

Seguramente conocen el estudio que anualmente realiza la Asociación de la Prensa de Madrid, según el cual más del 80 por ciento de los periodistas y comunicadores de España se sienten presionados a la hora de elaborar informaciones y que seis de cada diez profesionales de la información se autocensuran. Y no conviene olvidar las palabras del periodista maltés Matthew Caruana, premio Pulitzer de 2017, al que recordarán por destapar los Papeles de Panamá: “detrás de cada persona autocensurada hay un censor”. En unos casos este censor que presiona es alguien externo con intereses económicos, pero en otros procede de la propia empresa o en los casos de emisoras de titularidad pública alcaldes que tienen con demasiada frecuencia la tentación de que periodistas y comunicadores trabajen al dictado a la hora de informar. Ustedes, este Parlamento, tienen la obligación de legislar para que esto no sea así, y lo pueden hacer promoviendo estatutos profesionales y consejos de redacción en los medios audiovisuales andaluces.

Sin duda no es responsabilidad de la futura ley audiovisual andaluza revertir esta situación, pero sí crear la herramienta para que ello sea posible. De esta Ley Audiovisual esperamos, por encima de logros importantes, que los tiene, y de las carencias que también, dos cosas fundamentales: que ponga orden en el sector y que dé a los profesionales de la comunicación y del periodismo las herramientas para poder defenderse de las presiones a la hora de informar.

A esta ley por tanto, le pedimos:

• Reserva de un tercio de las licencias para las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro. Su desarrollo podría crear al menos cien empleos. (La ONU ha interpelado al Gobierno español sobre el incumplimiento de la Ley General Audiovisual en este campo).
• Transparencia en la concesión de licencias, que creemos que debería estar en manos de Consejo Audiovisual, como organismo independiente del poder político.
• Que se obligue a todos los titulares de licencia a utilizarlas y poner en marcha su propia emisora y que de no hacerlo les sea retirada.
• Promover el acceso de parados y jóvenes a las concesiones de licencias de radio y televisión para emitir mediante formulas de economía social (cooperativas).

Medidas que permitirían crear en el sector no menos de 300 empleos directos, generarían actividad económica y aportarían nuevas cotizaciones a la Seguridad Social.

Y sobre todo, como hemos dicho antes, esperamos también que esta ley permita crear mecanismos en defensa del buen periodismo y del derecho a la información mediante la promoción de consejos profesionales. Una figura, habitual en Europa pero casi desconocida en España, que es la encargada de velar por la independencia de los profesionales del periodismo y la comunicación, y con ello, el derecho de la ciudadanía andaluza a recibir información veraz y de calidad. Para describirles el panorama les diré que en España no llegan a una decena las empresas de comunicación que tienen consejo profesional, consejo de redacción o comité de redacción, según sus distintas denominaciones. Mientras que en Andalucía sólo Canal Sur tiene este órgano profesional.

Creo que todos podemos visualizar la importancia que la figura del consejo profesional tiene para el periodismo y la ciudadanía, recordando el papel que en estos momentos realiza el consejo de informativos de RTVE denunciando la manipulación informativa, o los de TV3 en Cataluña o Canal Sur en Andalucía cuando han tenido que denunciar casos de manipulación, como creo que algunos de ustedes ya conocen por su participación en la comisión de control de la Radio Televisión de Andalucía.

Ahora, señorías, tenemos la oportunidad de hacer realidad en Andalucía esta recomendación del Código Europeo de Deontología de la Profesión Periodística, que es una vieja reivindicación de la profesión y que está en el ADN del buen periodismo. Por ello en la Mesa de trabajo para la elaboración de esa ley, propusimos la existencia de estatutos de  redacción en todos aquellos medios audiovisuales que tengan ocho o más personas elaborando contenidos informativos. Una propuesta que lamentablemente comprobamos que no sólo no figura en el texto, como tampoco figura el derecho a la información veraz que tiene la ciudadanía andaluza, y que debería ser un principio inspirador de la ley.

Los consejos de redacción son la principal herramienta para defender a los profesionales de las presiones, pero también hay otras que se deberían promover: libros de estilo, defensor del telespectador y el radioyente, o procedimientos de designación de los directores mediante mayorías cualificadas en las empresas públicas.

Señorías, en estos tiempos que vivimos, de noticias falsas, manipulación y desinformación, es preciso, más que nunca, que se legisle para proteger el buen periodismo, la independencia profesional y el derecho de la ciudadanía andaluza a recibir información veraz, plural y fiable. Sin ella no es posible que nuestra gente tome decisiones correctas en su vida cotidiana, decisiones que van desde elegir la mejor educación para sus hijos, comprometerse en una hipoteca o elegir a sus representantes públicos para que les gobiernen. Quisiéramos por ello que estos argumentos citados impregnaran la ley y fueran sus principios inspiradores. Algo que ahora no vemos por ningún lado. Y esta es, creemos, una gran carencia de este proyecto.

Seriamos injustos sin embargo si obviáramos lo que de positivo aporta y la importancia de esta Ley Audiovisual, que va a regular un sector con 1.400 empresas, 15.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos. Somos conscientes y reconocemos el valor que tiene como preservación del servicio público, la protección de la infancia, el pluralismo, la igualdad de género, la accesibilidad, la transparencia, y la participación ciudadana mediante la creación del Consejo de Participación, una reivindicación de los colectivos sociales y del Sindicato de Periodistas de Andalucía para

Pero también es de justicia y nuestra obligación recordarles que hay todavía bastante margen de mejora:

• Medios comunitarios sin ánimo de lucro
• Alfabetización mediática,
• Derechos acceso
• Régimen sancionador.

Señorías, seamos ambiciosos, tenemos la oportunidad de hacer historia con una ley moderna, ambiciosa, que establezca las bases para un sector audiovisual andaluz dinámico del que podamos sentirnos todos orgullosos. Les pido en nombre del Sindicato de Periodistas de Andalucía, en el trámite parlamentario, generosidad y flexibilidad a la hora de negociar, huyendo de posiciones que nos han llevado a la ridícula situación  de interinidad permanente de los órganos de gestión audiovisual de Andalucía. Les hablo, como saben, del consejo de administración y la dirección general de Canal Sur y nada menos que el propio Consejo Audiovisual de Andalucía.

Piensen que no legislan para ustedes, ni siquiera para el sector de medios de comunicación. Sino que lo hacen para el conjunto de los andaluces, que serán, si esta ley es lo que esperamos, los beneficiarios últimos de un sector audiovisual competente, enriquecedor , dinámico y transparente, así como del ejercicio del  buen periodismo y una información veraz que les ayude a comprender lo que ocurre en su entorno, en un mundo cada vez más complicado y convulso como el que vivimos. Nos va a todos mucho en ello. Gracias.

Francisco Terrón Ibáñez

Secretario General

Sindicato de Periodistas de Andalucía

Parlamento de Andalucía

Martes, 20 de marzo de 2018