El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) lamenta la forma y el tiempo de la dimisión del director general de la RTVA, Pablo Carrasco, que se produce por sorpresa y en un momento complicado para la empresa pública, inmersa en un arduo proceso de negociación de recortes de las retribuciones de los trabajadores y de un convenio colectivo que deberá garantizar su viabilidad para los próximos años. Su abandono (legítimo por otra parte) en estos momentos para dedicarse a “una nueva etapa profesional” abre un periodo de interinidad que nada favorece la estabilidad de la cadena ni la renovación de las estructuras empresariales que refuercen su estabilidad.

Pablo Carrasco, que fue nombrado con el apoyo de PSOE e IU y la abstención del PP, dimite casi dos años antes de que se cumpla su mandato, dejando en el aire el nuevo convenio de la empresa (que denunció), el Canal 2 cerrado y la viabilidad de la agencia que, pese al contrato programa aprobado por el Gobierno andaluz, está pendiente de definir, tras el drástico recorte presupuestario a que se enfrenta la RTVA. Se abre ahora un periodo de interinidad hasta la elección por el Parlamento de su sucesor, que habrá de hacerse, según la Ley de creación de la RTVA, por mayoría de dos tercios en primera votación y de tres quintos en segunda, lo que obliga al actual gobierno andaluz a pactar con el Partido Popular.

Desde el SPA llamamos a los grupos parlamentarios a hacer el máximo esfuerzo por encontrar un candidato de consenso que desbloquee la situación y permita continuar con un modelo de radiotelevisión pública que se está quedando casi único en España. En este sentido, el Partido Popular de Andalucía tiene la oportunidad histórica (y la obligación ética y política) de participar en la designación del director general de la RTVA, y contribuir con ello a su independencia como medio público. Apelamos también a PSOE e IU a hacer todo lo posible (en el clima creado en la propuesta de Pacto Por Andalucía) para alcanzar un acuerdo con la oposición, evitando la tentación de cambiar la ley, como hizo el gobierno de Mariano Rajoy con Radio Televisión Española, con nefastas consecuencias para su audiencia y su credibilidad.

Por otro lado, llamamos desde el SPA a la dirección (aunque interina) de Canal Sur y a la representación de sus trabajadores a alcanzar los acuerdos necesarios que garanticen la viabilidad de una Radio Televisión Andaluza realmente pública, de calidad y al servicio de los andaluces, que son sus auténticos propietarios y su razón de existir.