- El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) muestra su satisfacción por lo que considera un paso en la dirección correcta, sin embargo apunta que no cumple las expectativas generadas
- El SPA denuncia los recortes sufridos en artículos fundamentales para que la ley suponga un avance democrático de calado.
El Sindicato de Periodistas de Andalucía acoge con preocupación y expectativas el Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía aprobado el pasado 2 de agosto en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En dicho texto, remitido a las entidades que, como el SPA, participaron en la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA), se han visto reflejados algunos avances importantes, como el impulso al derecho de acceso, a los medios de comunicación en centros educativos o al control de la emisiones ilegales y a la consolidación de una comunicación pública.
Sin embargo, El SPA considera que los recortes sufridos en artículos fundamentales que si aparecían en el anteproyecto de ley, así como algunas de las propuestas formuladas durante la MOISA, han desvirtuado la futura norma y roto el consenso sobre una Ley Audiovisual al servicio de la ciudadanía. Tal y como denuncia el Foro Andaluz de Comunicación, el 80% de las propuestas realizadas por la veintena de organizaciones que formamos parte del mismo no han sido incluidas.
Para el SPA hay algunos puntos fundamentales que espera puedan incorporarse en el trámite parlamentario que ahora comienza. El primero y más importante es el de proteger a los medios de comunicación comunitarios, sus trabajadores y el imprescindible trabajo que realizan en Andalucía. Nos sumamos a las denuncias que desde el Foro Andaluz de Comunicación y la radio comunitaria Onda Color han realizado del recorte acaecido en lo que respecta de las autorizaciones provisionales a los medios de comunicación comunitarios.
Este artículo ha “desaparecido” en el presente texto con respecto al anteproyecto de Ley. De no incorporarse este punto, la Junta de Andalucía estaría dejando en la estacada a un sector con una fuerte potencialidad en la creación de empleo estable y de calidad, que se ha implicado fuertemente en la participación de la norma y sin el cual sería imposible defender la legitimidad de norma que se pretende aprobar. Recordamos que el gobierno andaluz decretó en 2004 un régimen jurídico transitorio para las emisoras de televisión locales, que puede ser utilizado de la misma forma para las radios comunitarias que existen en Andalucía.
Por otra parte, a pesar de que el proyecto de Ley dice ser un acicate para el empleo, lo cierto es que faltan medidas concretas en su articulado. De hecho las propuestas realizadas por este sindicato y en colaboración en el Foro Andaluz de Comunicación relativas a la calidad del empleo y la contratación de personal no han sido tenidas en cuenta. Es preocupante que la memoria económica que acompaña a la ley se haya hecho hincapié en el coste cero de las medidas que propone. El SPA defiende que sin presupuesto en las normas, no hay desarrollo posible y muestra su preocupación en que esta Ley se convierta en un brindis al sol y no suponga un verdadero impulso al sector audiovisual en Andalucía como espera.
La propuesta de creación del Consejo de Participación Ciudadana es una excelente noticia siempre y cuando este órgano se convierta en un agente independiente que fiscalice la labor del gobierno y de los medios de comunicación. El SPA subraya que la redacción ambigüa y sin competencias de este nuevo órgano sin presupuesto ni plazo previsto de creación no tiene la seriedad ni el rigor propuesto en los documentos elaborados por los agentes sociales, transformando un órgano fundamental para la democratización de la comunicación en una institución estéril.
El SPA considera que la transparencia y el rigor deben marcar la política de los medios de comunicación en su rendición de cuentas con la ciudadanía. Es por ello que el SPA ve con preocupación la no inclusión de las medidas propuestas para evitar la concentración, impulsar la pluralidad, a través de la reserva de licencias a medios comunitarios y a operadores provenientes de la economía social, así como la transparencia sobre quiénes están detrás de los medios de comunicación y su participación empresarial.
El sindicato quiere hacer especial hincapié en un régimen sancionador que estima demasiado laxo y propone vincular las sanciones a los presupuestos que estos operadores manejen, diferenciando entre pequeños medios con limitados presupuestos y grandes conglomerados mediáticos a los que saldrá muy barato saltarse la norma.
Por último, el SPA espera que los distintos grupos parlamentarios incorporen las mejores sugeridas por el Foro Andaluz de Comunicación y este sindicato en el periodo de debate parlamentario y urge al ejecutivo a no demorar más la aprobación de una norma que llevamos esperando más de tres años.