La Plataforma de Defensa del Periodismo y la Comunicación en Andalucía ha pedido al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 2/2020, que afecta gravemente a la Ley Audiovisual de Andalucía.

La PDCPA ha advertido del peligro que conlleva para la Ley Audiovisual de Andalucía en relación a posibles privatizaciones de graves repercusiones para el servicio público. Este hecho podría sentar un precedente que, de extenderse al conjunto del Estado, perjudicaría a los medios audiovisuales locales.

El Decreto Ley 2/2020 de la Junta de Andalucía pretende desbordar las previsiones de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, y abrir, sin las competencias necesarias, la posibilidad de gestión indirecta del servicio público audiovisual. Esta maniobra, considera la Plataforma de Defensa, no contaría con el respaldo constitucional requerido.

A pesar de que se han presentado otros recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 2/2020 de la Junta de Andalucía, que modifica 21 leyes y seis decretos, ninguno de ellos ha reparado en su naturaleza inconstitucional. La reforma de la Junta que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada por unanimidad en 2018, permite la emisión de publicidad, incluso la institucional, en emisoras sin título habilitante y exime de la obligación de tener instalaciones en el territorio de cobertura, entre otras modificaciones igualmente graves sobre las que se pide la intervención del Defensor del Pueblo.

El peligro de la pérdida de pluralidad y la concentración de medios

La petición al Defensor del Pueblo solicita que se presente recurso contra preceptos que, desde la PDCPA, se consideran que atentan a la gestión directa del servicio público audiovisual por parte de las Entidades Locales, como se ha venido prestando desde hace décadas. Esta circunstancia supone un claro movimiento privatizador, de concentración de medios, pérdida de pluralidad y puesta en riesgo de la producción y emisión de contenidos locales.

De no ser recurridos estos preceptos y no suspenderse cautelarmente la aplicación del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, aprobado el pasado 9 de marzo, se estaría dando un
precedente de cambios normativos que afectan a la legislación estatal y susceptibles de aplicación en cualquier autonomía.

La transferencia de la gestión del servicio público de la radio y televisión local a entidades privadas ajenas a la administración local exceden las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Telecomunicaciones e invade competencias estatales. De este modo, la PDCPA considera que el Decreto Ley 2/2020 contiene disposiciones inconstitucionales, por intromisión en el ámbito de competencias de regulación y por no darse la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que requiere el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 110 para su aprobación.

Forman parte de la Plataforma 24 organizaciones representativas del sector audiovisual y en su representación firman la solicitud de interposición por el Defensor del Pueblo de recurso de inconstitucionalidad:

• FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA (FAPE)
• ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES Y CIUDADANAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y
TELEVISIÓN (EMA-RTV)
• COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA (CPA)
• FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE PERIODISTAS (FESP)
• SINDICATO DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA (SPA)
• RED DE MEDIOS COMUNITARIOS (ReMC)
• ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS – ASOCIACION DE LA PRENSA DE ALMERÍA (AP-APAL)
• ASOCIACION DE LA PRENSA DE CADIZ (APC)
• ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE HUELVA (APH)
• ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA (APS)
• ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN (AUC)