El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) considera inadmisible que el PP esté negociando con un partido cuyo objetivo es socavar pilares de nuestro sistema democrático

Desmantelar Canal Sur, eliminar el Consejo Audiovisual y la “ley de la jungla” en las ondas, son disparates inaceptables

Cuesta creerlo pero está ocurriendo: un partido de la derecha, el Partido Popular, está negociando un acuerdo de gobierno para Andalucía con una fuerza de extrema derecha que quiere, entre otras cosas, socavar principios fundamentales de nuestro sistema constitucional. Entre ellos el derecho a la información, pilar básico del resto de derechos en una sociedad democrática. Desmantelar la Radio Televisión pública, eliminar el Consejo Audiovisual, encargado de vigilar la independencia de los medios, y consolidar la ley del más fuerte en las ondas, anulando en la práctica la recién aprobada Ley Audiovisual, son algunas de las medidas que están sobre la mesa de negociación. Para el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), estos temas deberían ser ya de por sí innegociables, sin entrar a considerar otros igualmente graves sobre derechos básicos que también están sobre la mesa.

Canal Sur, servicio público esencial

Tal vez sea porque el futuro de Andalucía se están negociando en Madrid, el planteamiento evidencia una preocupante ignorancia sobre la realidad andaluza de la que están hablando. Canal Sur es un servicio público esencial y elemento vertebrador de Andalucía, un territorio con 8,5 millones de habitantes y tan grande como Portugal; que tiene un 19% de su programación dedicada a contenidos culturales y sociales; el campo, las minorías, la innovación, la ciencia, las vanguardias, la memoria histórica, la cultura o los pueblos aislados de nuestra Andalucía tienen en Canal Sur su principal aliado; es también el principal motor del pujante sector audiovisual andaluz, tercero de España, y del que dependen miles de empleos, en el cine y en las productoras. Canal Sur da voz desde hace tres décadas a sectores y territorios que no tienen cabida en otros medios, sin importar rentabilidad económica o audiencias. Sus equipos recogen día a día lo que ocurre en la calle y su archivo es uno de los principales valores patrimoniales de Andalucía.

Quienes ahora negocian sobre esto ignoran que Canal Sur ya ha sufrido en desde 2008 un recorte presupuestario de 90 millones de euros (un 35,7% menos) y ha visto reducirse en 250 trabajadores su plantilla en los últimos cinco años (15,% menos). También que el coste del canal público andaluz es de 16,3 euros por habitante y año, frente a los 22,9 del resto de las autonómicas. También deberían saber que el coste de las radio televisiones públicas en España es muy inferior al de la mayoría de países europeos, 43,8 euros por habitante y año frente a 65,7 de media. Más bien lo que necesita Canal Sur es mejorar su financiación para cumplir el servicio público que por ley tiene encomendado. Pese a ello sigue siendo la más barata y de las de mayor audiencia, y tiene mecanismos de transparencia democrática de los que carecen la mayoría de medios de comunicación en España: estatuto de redacción (único medio andaluz que lo tiene), libro de estilo, defensor de la audiencia, y comisión de control parlamentario, entre otras normas de calidad democrática que hoy, desgraciadamente, escasean en el panorama español. (¿Será esta la razón por la que la quieren desmantelar?)

Único país de la Unión sin Consejo Audiovisual

Entre el cúmulo de disparates “negociables” de la ultraderecha se ha incluido al Consejo Audiovisual de Andalucía. Al órgano, con capacidad sancionadora, encargado de velar por que los contenidos y la publicidad de las radios y televisiones, públicas y privadas, se adapten a la ley y respeten los derechos de la ciudadanía, la protección de los menores, la diversidad política y religiosa y se eviten contenidos de carácter sexista, homófobo o xenófobo. Dispone para ello de la Oficina del Defensor de la Audiencia y otros instrumentos como el barómetro audiovisual y el Informe anual sobre pluralismo político.

España es el único país de Europa que no dispone entre sus instituciones democráticas con un Consejo Audiovisual estatal. Dentro de esta anomalía democrática, se da la circunstancia de que Andalucía, junto con Cataluña, sí tiene consejo audiovisual. Este hecho y junto con la recién aprobada Ley Audiovisual han hecho de Andalucía punto de lanza y modelo a seguir en el panorama audiovisual. Por ello querer suprimir el Consejo supondría profundizar aún más en el déficit democrático que padecemos en España en materia de medios de comunicación.

Ley de la jungla en el espacio radioeléctrico

El espacio radioeléctrico, como todo andaluz –y español- medianamente ilustrado conoce, es un recurso escaso, que constituye un bien de dominio público sobre el que el Estado ejerce su soberanía. Y es así porque da soporte a servicios esenciales como la televisión, la telefonía, el acceso a internet móvil o las emisiones de radio. Esa es la razón por la que está regulado por el Estado, y no es posible, como plantean, la libertad de frecuencia como regla general. Ello sería convertir el espectro radioeléctrico en una jungla y daría alas a los emisores piratas, que son ya demasiados en el espacio radioeléctrico andaluz. Pero esto no es así sólo en Andalucía. Les recomendamos que se lean la Directiva 202/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 (Directiva marco de las telecomunicaciones) o el Reglamento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) lamentamos profundamente y no podemos entender que un partido de la derecha de Andalucía, el Partido Popular, esté negociando con la extrema derecha y lo esté haciendo en estos términos. Sobre todo cuando ese partido de la derecha aprobó hace tres meses en el Parlamento andaluz la Ley Audiovisual de Andalucía, que refuerza el papel de Canal Sur, cuyo servicio público considera “esencial”. Menos aún se entiende que la negociación se esté llevando a escondidas y desde Madrid. El acceso al poder no lo justifica todo.