La externalización de la radio municipal acaba con el alcalde de Íllora (Granada)
El Sindicato de Periodistas de Andalucía asegura que es sorprendente y clamorosa la ignorancia de muchos regidores sobre la legislación audiovisual
La externalización de la radio pública municipal y de un periódico de ámbito local, adjudicados ambos sin concurso previo, le ha costado la alcaldía de Illora al socialista Francisco Domene, condenado por el juzgado de lo Penal número 1 de Granada a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. Ha sido declarado culpable de un delito de prevaricación, junto a otros cuatro concejales miembros del Consejo de Administración de la empresa municipal Parapanda Comunicación. Domene ha sido hoy relevado en la alcaldía por la también socialista Sara Jiménez Vega.
Los hechos motivo de la condena tuvieron lugar en febrero de 2008 cuando el consejo de administración de Parapanda Comunicación, presidido por Francisco Domene, adjudicó la gestión de la radio municipal y del periódico local a la empresa Silvania Producciones. Adjudicación que, según la sentencia, se produjo sin convocatoria pública “ni proyecto ni oferta concreta”, y con el ánimo de favorecer a la adjudicataria, Silvania Producciones.
Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía creemos que estos hechos deben suponer un aviso a navegantes. A estas alturas, resulta clamoroso y sorprendente el desconocimiento que buena parte de los regidores de nuestros ayuntamientos parecen tener de la legislación audiovisual. Queremos recordar que las emisoras de radio locales tienen que ser de gestión directa por los ayuntamientos, de acuerdo con lo que establece la Ley General Audiovisual y el decreto 174/2002 de la Junta de Andalucía que regula la concesión de emisoras municipales. En este sentido, llama la atención que los condenados fueron denunciados por prevaricar en la adjudicación y no por el hecho en sí de externalizar, que es igualmente ilegal. El de Íllora no es un caso aislado ya que son cada vez más numerosos los Ayuntamientos que se saltan la legislación, externalizando un servicio que es de su competencia directa.
Esperamos que la futura Ley de Comunicación Audiovisual de Andalucía que prepara el Gobierno andaluz venga a poner de una vez por todas orden en el espacio radioeléctrico andaluz, bastante maltrecho, saturado y opaco en la actualidad.