La Constitución Española, en su artículo 20, reconoce la importancia de la información estableciendo un marco de libertades y garantías para que ésta pueda circular sin trabas y llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas. El acceso a una información rigurosa, plural y transparente es uno de los fundamentos del Estado de Derecho y una condición imprescindible para alcanzar la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, la selección y difusión de hechos noticiosos está en manos de empresas públicas o privadas que a menudo anteponen la rentabilidad económica e ideológica a su condición de servicio público. En estas condiciones, corresponde al periodista preservar la independencia y el rigor a la hora de transmitir la información.

Para que esto sea posible, es necesario propiciar unas condiciones de trabajo dignas y estables, que desgraciadamente hoy no se dan. El 40% de los profesionales de la información en España trabaja en condiciones de precariedad, a menudo sin contrato o con contratos basura que no se ajustan a las circunstancias reales en que los y las periodistas desarrollan su tarea. Esta inestabilidad laboral se traduce en situaciones abusivas, en una sobrecarga de trabajo (el 90% de los trabajadores de medios de comunicación trabaja bastante más de 35 horas semanales), y en una privación de la necesaria independencia profesional, ya que contravenir los intereses y compromisos ideológicos del medio en el que se trabaja desencadena situaciones de acoso moral en el trabajo, privación del derecho a la promoción, persecuciones, sanciones y despidos, por mucho que la postura del periodista esté respaldada por su observación de la realidad.

En plena era de la tecnología, los medios informativos se han convertido en un gigantesco negocio. Los grandes grupos de comunicación manejan capitales muy superiores a la riqueza de muchos países, y lanzan constantemente nuevos experimentos, tratando de tomar posiciones frente a la competencia. Muchos de estos experimentos se abandonan al cabo de poco tiempo si no se ha obtenido el beneficio esperado, arrasando sin miramiento puestos de trabajo. En la pequeña escala, ocurre lo mismo. Y la suerte de los medios no suele depender de su calidad, sino de los ingresos por publicidad, porque es ahí donde realmente radica el negocio de la comunicación.

Así, mientras los medios proliferan y mejoran su tecnología, la profesión periodística se deteriora, al no contar con el mínimo recurso para su defensa: Una regulación legal que establezca las condiciones en que se debe desempeñar el oficio periodístico. El Estatuto del Periodista Profesional, largamente reclamado por el colectivo, sigue sin ser tramitado por el Parlamento. Los periodistas tampoco pueden elevar sus reivindicaciones a los medios de comunicación, precisamente porque contravienen los intereses de quienes los manejan.

Así pues, es necesario que toda la sociedad, empezando por las instituciones que la representan, exija y propicie la preservación de la información de calidad como herramienta para la igualdad de oportunidades. Por ello, en nombre de las asociaciones y sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, solicitamos:

1. Que las contrataciones de publicidad y servicios de la Diputación de Málaga, así como la otorgación de subvenciones, primen a aquellas empresas que cuenten con un Convenio Colectivo y con un Estatuto de Redacción que garanticen condiciones de dignidad y seguridad para sus profesionales.
2. Que, entre los medios locales y comarcales, se fomenten aquellos de carácter libre e independiente que estén abiertos a la participación ciudadana y donde los trabajadores participen en los beneficios de la empresa.
3. Que el pleno de la Diputación de Málaga respalde la aprobación del Estatuto del Periodista Profesional, que, tras largos años de reivindicaciones, se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.